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El trabajo de los defensores oficiales, en términos formales, consiste en garantizarles un juicio justo a quienes no tienen un abogado de confianza; generalmente personas pobres que no pueden pagar por un abogado defensor. El defensor oficial es un servidor público cuya función es proteger la defensa de los derechos fundamentales de las personas, garantizar el efectivo acceso a la justicia y otorgar una asistencia jurídica integral.

Pero la función, muchas veces, excede esa tarea técnica que les impone la ley; en ocasiones, las más de las veces, contienen a sus defendidos y a sus familiares en una situación difícil; les toca explicarles por qué un juez ha decidido mantenerlos detenidos y antes le concedió la excarcelación o la prisión domiciliaria a otra persona acusada por un delito más grave, por ejemplo. Es una tarea invisible que también realizan.
Renunció y ahora quiere volver
Esa carga le impone, además, un compromiso ético y un deber de rectitud libre de toda sospecha. Paula Montefiori fue defensora pública entre septiembre de 2014 y abril de 2017, hasta que renunció en medio de un escándalo por el impacto de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de su esposo, Juan José Canosa. Resulta que ahora la causa se extendió también a ella, justo cuando está probándose el traje para volver a serlo.
Enriquecerse ilícitamente
El delito de enriquecimiento ilícito castiga a aquel funcionario que “al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”.

Se trata de constatar si el patrimonio del funcionario, durante el período en que ejerció un cargo pública y hasta dos años después, registró un incremento que no se condice con los ingresos que legítimamente haya percibido; y la investigación se extiende a determinar si los integrantes del grupo familiar intervinieron para disimular esa circunstancia.

Canosa fue interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER) desde 2004 hasta 2007 y presidente de Sidecreer desde 2007 hasta 2015.

El senador radical Raymundo Kisser y los diputados de Cambiemos Alberto Rotman, Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola lo denunciaron en diciembre de 2016. Señalaron que “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y “disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, en los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”.

La investigación quedó en manos de los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, quienes detectaron, además, inversiones millonarias que habría realizado Canosa en mutuales y financieras y no constaban en su declaración jurada. Por ejemplo, descubrieron un aporte de 920.000 pesos que habría realizado en la Mutual 10 de Abril mediante un cheque del Banco Santander Río y otro de 100.000 dólares con un interés del 15 por ciento anual a su favor. También se detectaron inversiones por sumas de entre 300.000 y 400.000 pesos en la Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar (Amcap), que habría realizado Canosa entre abril y noviembre de 2016, y otras cuyos montos no han trascendido; sumado a la adquisición de cuatro lotes de 1.424 metros cuadrados en el complejo turístico Interlagos, en María Grande.
Montefiori podría ser imputada
Para entonces, los fiscales ampliaron la investigación contra Paula Montefiori y quisieron cotejar también la información contenida en las declaraciones juradas que ella hubiere presentado ante la Contaduría General del Poder Judicial mientras fue defensora pública, a los fines de determinar si la evolución patrimonial del grupo familiar se corresponde con sus ingresos. Pero la jueza Paola Firpo les negó el acceso a esa información por considerar que podría constituir una violación de garantías constitucionales.

La investigación avanzó hasta lograr la reconstrucción del patrimonio de ambos. Hace unos meses, Montefiori fue convocada a presentar abogado defensor en la causa (designó a Guillermo Vartorelli) y es factible que luego de la feria judicial sea citada a prestar declaración como imputada.
Concursó para volver
Mientras tanto, se sustanció un concurso público para cubrir cargos de defensores penales de Paraná en el que ella se inscribió para volver a ocupar el cargo que supo tener.

Al cabo de un año, el trámite en el Consejo de la Magistratura está concluido y Montefiori ocupa un lugar expectante en la lista de aspirantes: quedó quinta en el orden de mérito de un concurso para la cobertura de cuatro cargos.

En realidad, obtuvo el puntaje más alto en las instancias de antecedentes y oposición (exámenes escrito y oral), pero quedó relegada tras la entrevista ante los integrantes del Consejo de la Magistratura, lo que motivó la presentación de un recurso de apelación jerárquica ante el Ministerio de Gobierno, de quien depende el Consejo de la Magistratura.

No obstante, sus posibilidades crecieron a fines de noviembre, cuando Luis Pedemonte fue designado como defensor de un tribunal de casación y dejó vacante un cargo de defensor penal que podría acumularse al concurso en trámite. En ese caso, ella ocuparía el primer lugar en la terna para ese cargo.
Lo que le dijo al Consejo de la Magistratura
Si bien Montefiori ha evitado hablar públicamente de la investigación en curso por enriquecimiento ilícito, sí respondió las preguntas que se le hicieron en la entrevista ante el Consejo de la Magistratura en la etapa final del concurso.

–La justicia no solo debe ser sino parecer. Que accedan los mejores, los que no tengan tachas, y una preocupación como militante del movimiento de mujeres es el enriquecimiento ilícito. No es cualquier causa sino que comprende la sustracción de fondos que deberían ir a favorecer a los más necesitados, a la población a la que usted dice asistir, y que han sido favorecidos usted y sus hijas. Se habla de una casa, viajes y todo aparece en Facebook. Eso es parecer –le objetó una consejera.
–En la causa por enriquecimiento (Canosa) no ha sido imputado. Respecto de los bienes, están en la declaración jurada: tenemos una casa que está hipotecada a veinte años; cuando obtuvimos el crédito, implicaba la totalidad de mi sueldo de la Caja de Jubilaciones y hoy pago 1.900 pesos a tasa fija del Banco Hipotecario. No tengo ningún bien a mi nombre; jamás firmé ningún documento con respecto de ningún bien; no tengo participación sociedades anónimas; tengo dos vehículos a nombre mío, uno de mi marido, que está a nombre de los dos, y el mío, que no es un auto cero kilómetro; mi casa está a nombre del Banco Hipotecario; y hay un departamento de Pilay que mi marido fue pagando cuando vino a vivir a Paraná. Estoy muy tranquila respecto de los bienes y su administración. A los viajes los hice luego de haber ingresado al Poder Judicial. Y un dato más respecto de esta investigación de la cual no he sido parte: nunca he sido citada, no he sido notificada y la UIF (Unidad de Información Financiera) ha dicho que no hay ningún movimiento sospechoso respecto de mis cuentas. Estos datos son públicos, están en el legajo de investigación, así que tengo absoluta tranquilidad y confianza, y sería muy injusto que algo para lo que me he formado toda la vida desde que me recibí, y que planteo como un proyecto de vida, quede salpicado por los efectos de un proceso que todavía está abierto.
Fuente: Página Judicial.

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