La audiencia para tratar esa petición formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry será este miércoles 20, a las 11, día en que vence el plazo de los 90 días aplicados para Pérez y Faure, quienes cumplen la medida en la Unidad Penal N° 1, junto al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el secretario del bloque de senadores peronistas Juan Pablo Aguilera, y el cuñado de este, Alejandro Almada.
La situación de Pérez y Faure es peculiar. Los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que representan a Pérez, y Leopoldo Cappa, defensor de Faure, están preparando un recurso de queja que presentarán en las próximas horas ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para pedir la libertad de sus defendidos. La petición la formulan tras el rechazo del recurso extraordinario dispuesto por la Cámara de Casación Penal, y basados en jurisprudencia de la propia sala que ya dispuso liberar a cuatro implicados en la investigación de los contratos.
Para Pérez y Faure, el Ministerio Público Fiscal había pedido en noviembre ante el juez José Ruhl -que entonces subrogó a Barbagelata, jueza de la causa- prisión preventiva hasta que se realice la audiencia de remisión a juicio de la causa -un período de tiempo indefinido- pero finalmente la Justicia sólo accedió a aplicarles preventiva por 90 días ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. Así, descartó el riesgo de fuga como un inconveniente para mantenerlos en libertad. El magistrado consideró “necesaria, indispensable y proporcional” la preventiva por 90 días.
Detalles
La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y tiene en prisión a cuatro personas, que son apenas la punta del iceberg de un entramado que todavía no se descubre hasta dónde llega ni cuántas personas involucra en el poder político: Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao. Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.Aunque la causa llegó a tener a 9 personas bajo prisión preventiva -7 en la cárcel, dos bajo arresto domiciliario-, la Sala Penal del STJ ya puso un freno a esas medidas de restricción de la libertad, contrariando así al tribunal inmediato inferior, la Cámara de Casación. El viernes 15, la Sala Penal del STJ dio a conocer los fundamentos de lo resuelto en el caso de Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao y señaló, con voto de sus tres integrantes -Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio- que la prisión preventiva sólo debe admitirse caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Al respecto, señalaron que el plazo de prisión preventiva fijado por 120 días es “excesivo”, teniendo en cuenta que similar medida generalmente es aplicada en plazos menores y se va revisando una vez vencida. También recuerdan que en múltiples casos, la sala Penal desde 1992 a la actualidad, ha sentado y mantenido el criterio que distingue los fines de la pena, impuesta por sentencia condenatoria firme, con los de la prisión preventiva aplicada a personas que conservan su status constitucional de inocentes hasta que la sentencia firme demuestre lo contrario.
La investigación penal tenía hasta entonces a siete personas con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 y otras dos, bajo el régimen de arresto domiciliario. Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao cumplían, hasta ser liberados, prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que a Flavia Beckman le habían aplicado la modalidad de prisión domiciliaria. Pero todos fueron liberados tras la decisión de la Sala Penal.
Todavía están en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. En tanto, tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.
La decisión de poner fin a la preventiva en la cárcel de los cuatro imputados en la causa de los contratos se adoptó a pocas horas de haberse realizado la audiencia en la que los defensores de 4 de los 9 imputados en la causa que están con restricciones de la libertad solicitaran el cese de las restricciones a su libertad.
Los abogados José Velázquez y Humberto Franchi -defensores de Flavia Beckman (hoy con prisión preventiva domiciliaria), Hugo Mena y Esteban Scialocomo- e Iván Vernengo y Damián Petenatti -que representan a Alfredo Bilbao- habían acudido con un recurso de queja ante la Sala Penal luego de las distintas decisiones judiciales que habían denegado la libertad de sus defendidos. Primero la jueza de Garantías Marina Barbagelata y después la jueza de juicio Carolina Castaño, y más tarde la Cámara de Casación Penal no habían atendido las razones de los defensores. Incluso, Casación rechazó un recurso extraordinario, por lo que los representantes legales de los detenidos con preventiva llegaron en queja a la Sala Penal del STJ.
El máximo tribunal revocó “íntegramente” lo resuelto por Casación. “En consecuencia, se dispone el cese de la prisión preventiva ordenando la inmediata libertad, bajo caución juratoria de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao”. Además, impuso a los involucrados en la causa de los contratos que ahora recuperan su libertad las siguientes medidas de coerción: la fijación de domicilio en la ciudad de Paraná; la prohibición de todo vínculo con testigos de las presentes actuaciones como así también, la de realizar cualquier tipo de actos perturbadores hacia éstos; la obligación de concurrir semanalmente ante la fiscalía interviniente dando cuenta de su presencia; la prohibición de ausentarse de la ciudad, sin expresa autorización.
