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Así lo dispuso la jueza Marina Barbagelata al decidir sobre la liberación de ambos contadores, imputados en la causa donde se investiga un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares. La magistrada hizo lugar al pedido efectuado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes fundaron la solicitud en la existencia de riesgos procesales. Concretamente, afirmaron que en caso de quedar en libertad los contadores podrían ocultar pruebas -como ya lo han hecho, según dijeron- o intimidar a los testigos, en virtud del rol preponderante que ostentaban en la organización delictiva.

Barbagelata consideró que la libertad de los imputados debe ser la regla a seguir en todo proceso penal, pero defendió la prisión preventiva de Pérez y Faure ante la posibilidad de que pudieran entorpecer el curso de la investigación. Dijo que se trata de una medida “razonable” teniendo en cuenta la complejidad de la causa y aludió a dos episodios que, a su criterio, fundamentan el encarcelamiento preventivo de ambos: la mudanza del estudio contable en el que trabajaba Faure tras los allanamientos que dieron origen a la pesquisa y una serie de mensajes de texto que Pérez cruzó con otro imputado orientándolo al ocultamiento de pruebas, tal como lo habían planteado los fiscales. De ese modo, sostuvo, “impidieron el acceso a evidencia que podría ser llevada al juicio”.

Los abogados Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli -defensores de Pérez- y Leopoldo Cappa -defensor de Faure- apelaron en ese mismo momento la decisión de la jueza, a la vez que recordaron que está pendiente de resolución un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que en su momento consideró arbitraria la detención preventiva de otros imputados en la misma causa.
Fuente: Página Judicial

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