Al menos 10 años de aceitada corrupción
Es difícil calcular los 2.000 millones de pesos que los fiscales estiman que se sustrajeron de las arcas públicas en los diez años (de 2008 y 2018), a través de un perverso mecanismo de contrataciones a favor de “prestanombres” que no realizaban ninguna prestación y percibían una ínfima parte de lo acordado, mientras que el resto quedaba en manos de la organización que gestionaba esos contratos.El mecanismo habría comenzado a funcionar en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de cien contratos. En los primeros años hubo una especie de baño de transparencia en la Cámara de Diputados, porque los fiscales creen que el sistema de recaudación fraudulento recién se habría extendido hacia allí recién después del 11 de diciembre de 2011. Lo cierto es que entre ambas cámaras se administraban en forma permanente unos 350 contratos de obra, hasta que se descubrió el esquema ilegal.
La curiosa contraseña
El centro de operaciones de la organización delictiva, se presume, estaba en las oficinas de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. Gustavo Pérez fue el director del Servicio Administrativo Contable del Senado y, este miércoles, supo que seguirá en prisión preventiva por otros 60 días.
Precisamente en la computadora de Gustavo Hernán Pérez se descubrieron correos electrónicos y planillas que develan una parte hasta ahora desconocida del mecanismo. El acceso a esas planillas estaba restringido y los investigadores recién pudieron acceder una vez que descifraron la clave: “cuac”, así como hace el pato, precisamente del modo que se lo conoce al ex gobernador Sergio Daniel Urribarri.
Inquietantes detalles
Descubrieron un correo, fechado el 13 de diciembre de 2015, que contenía una planilla adjunta donde constaba el nombre de todos los senadores provinciales y el monto asignado a cada uno de ellos para repartir el dinero presupuestado para los contratos. En otra columna, titulada “Senado JP”, por Juan Pablo Aguilera, aseguran los fiscales, aparece una lista de contratos considerados falsos o inexistentes, con la distinción entre los asignados a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y “contratos repetidos senadores y diputados”, donde aparecía un listado de personas que figuraban como contratadas en ambas cámaras al mismo tiempo. Estos últimos eran inexistentes.
En otro correo, fechado en el año 2012, se descubrieron planillas con listados de nombres y montos asignados a las personas contratadas, más los descuentos por comisiones, monotributos y gastos varios. “Estaría bueno gastarlo en trolas”, le sugiere un empleado legislativo a Pérez en uno de esos mensajes.
Otra revelación surge como una pregunta: ¿empleados legislativos formaban parte de la organización delictiva? La documentación recuperada de la computadora personal de Pérez parece indicar que sí e incluso percibían un sobresueldo por los servicios prestados.
En una planilla Excel había nombres y montos de dinero que percibían algunos empleados legislativos. Cuando fueron entrevistados por los fiscales todos dijeron desconocer de qué se trataba. Pero la mentira tiene patas cortas, dicen.
El 12 de enero de 2016 un empleado legislativo le envió a Pérez un mensaje de texto que dejó al descubierto su colaboración con la asociación ilícita:
–Tío Gus, esa plata que me regalas por mes, ¿sigue en pie o se cortó en diciembre? –le preguntó el hombre.
–Sigue querido –le confirmó Pérez.
Unos meses después, el 5 de mayo de 2016, volvieron a comunicarse:
–Cómo andás loquito. ¿Cabe la posibilidad de tener un aumento en el subsidio mensual? Me atrevo a pedírtelo porque es para un buen fin… –se animó el agente estatal.
–Justamente estoy trabajando en ese tema. Viene bien la mano. Te avisto al toque –lo tranquilizó Pérez al instante.
El sobresueldo o “subsidio mensual”, en palabras del empleado legislativo, era de 5.000 pesos, según las constancias de la planilla de Excel que atesoraba Pérez en su computadora personal; pero los montos variaban según el caso.
