La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada en marzo de 2017 por el actual intendente de Los Charrúas, Ariel Panozzo Zénere, bajo la asesoría letrada de la Doctora Rosa Kuhn, tras verificar que dos obras públicas -cloacas y cordón cuneta- habrían sido certificadas como concluidas y pagadas en su totalidad por la gestión anterior, siendo que en los hechos no estaban terminadas. La cifra del presunto fraude superaría los dos millones de pesos.
En un principio, los imputados fueron Chaparro, ex intendente; Doubña, inspector de las obras, y Segovia, dueño de la empresa constructora. Pero a medida que la investigación avanzó, el Fiscal de la causa, el Doctor José Emiliano Arias, agregó a la lista de imputados a Julio César Larrocca, presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, ya condenado en primera instancia a cinco años de prisión por el reparto de tierras en Puerto Yeruá, aunque la ejecución de la pena quedó en suspenso luego de que apelara la sentencia ante la Cámara de Casación.
El Juez de Garantías Darío Guillermo Mautone será quien deberá resolver si hacer lugar o si rechaza el pedido de elevación a juicio presentado por Fiscalía.
Cómo habría sido la maniobra
La trama de lo que habría ocurrido en Los Charrúas fue resumida inicialmente por el Fiscal Arias en estos términos: "durante el año 2014 y el año 2015, Rubén Darío CHAPARRO, en su carácter de Presidente Municipal de Los Charrúas y Julio César LARROCCA, en su carácter de asesor letrado de la Municipalidad de Los Charrúas, determinaron a Alexandre Emmanuel DOUBÑA, en su carácter de Director Técnico o fiscalizador municipal de las obras "Red Cloacal: Sector I" y "Saneamiento, cordón cuneta y badenes - Sector I" llevadas a cabo en el marco del Programa "Más cerca, más municipio, mejor país, más patria" para que éste, junto a CHAPARRO, falsearan los certificados de obra y las planillas de certificación de obra correspondientes a este programa, dando cuenta de un avance en tales obras que era por entonces inexistente así como también falsearan las actas de finalización de dichas obras de fechas 03 de julio de 2015 y 03 de agosto de 2015, respectivamente, todo ello con el propósito de justificar la sustracción de dinero del patrimonio municipal de Los Charrúas que, mediante distintos cheques librados entre el año 2013 y hasta el año 2015, hicieron ilegítimamente a favor de Ramón José SEGOVIA por un monto de pesos un millón ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve con 67/00 ($1.089.859,67) en relación a la obra "Red Cloacal: Sector I" y por un monto de pesos Un millón veintinueve mil cuatrocientos tres con 07/00 ($ 1.029.403,07) en relación a la obra "Saneamiento, cordón cuneta y badenes - Sector I", ambas llevadas a cabo en el marco del Programa "Más Cerca, más municipio, mejor país, más patria".La confesión de Doubña
Pero la investigación se amplió a partir de que uno de los imputados, Alexander Doubña, decidió confesar cómo habrían sido los hechos. El joven señaló a Julio Larrocca como el instigador de la maniobra para fraguar los certificados de obra y emitir los pagos por trabajos no realizados. Al relato agregó capturas de pantalla de una conversación por chat con Rubén Chaparro, en la que el intendente culpa a Larrocca y a Segovia de pergeñar la estafa en base a certificaciones falsas.En su confesión, Doubña le puso números a la estafa cuando precisó que por orden de Larrocca y Chaparro el cordón cuneta sería de 80 centímetros de ancho en vez de 1 metro como decían los pliegos, con la excusa de que así se podrían construir más cuadras de las previstas. Fue en este contexto que Doubña señaló al exasesor legal como quien llevaba la voz cantante y tomaba las decisiones.
En un intento de justificar su accionar, Doubña dijo que firmó los certificados falsos bajo presión, porque, si no lo hacía, pondrían punto final a su contrato de trabajo, que era renovado por plazos cortos y siempre en medio de advertencias.
Escuchas telefónicas, pedidos de recusación y otros dos imputados
La llamada "Causa Los Charrúas" tuvo un trámite ajetreado, donde no faltaron escuchas telefónicas y pedidos de recusación del fiscal. Incluso, a la lista de imputados se agregaron otros dos, que desempeñan funciones en la Municipalidad de Colonia Ayuí.El abogado de Larrocca, el Dr. Jorge Esteban Romero, pidió que Arias fuera apartado del caso, con el argumento de que ya había sido el "acusador" en la causa por los terrenos de Puerto Yeruá, en la que Larrocca terminó condenado a cinco años de prisión. Pero después de algunas audiencias cargadas de tensión, la pretensión de Romero no prosperó y el fiscal continuó a cargo de la investigación.
En las conversaciones grabadas Fiscalía creyó encontrar indicios de la existencia de presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación, ejecutadas no sólo por Larrocca sino también por el empleado municipal de Ayuí, Fabián Terenzano, y el asesor legal Juan Ignacio Elgart. A los tres -interpreta el fiscal- se los escucha pergeñando una estrategia para contestar un oficio en el que se le solicitaba a la Municipalidad de Colonia Ayuí precisiones sobre las obras llevadas a cabo allí por el Plan Más Cerca, mencionando sólo a dos y omitiendo de manera intencional una tercera. De allí que Fiscalía terminó ampliando la lista de imputados, acusando a Terenzano y Elgart por "encubrimiento".
Terenzano y Elgart mejoraron su situación
En una audiencia llevada a cabo el viernes último, el Juez de Garantías Darío Mautone rechazó un pedido de sobreseimiento de Juan Ignacio Elgart, que había sido presentado por su defensor, que también es Jorge Romero.No obstante este revés, la situación del abogado que asesora a la Municipalidad de Colonia Ayuí, lo mismo que la de Fabián Terenzano, ha mejorado con el correr de los meses, algo que la propia Fiscalía admitió y, por esa razón, no los incluyó en la elevación a juicio de la causa.
Romero pidió el sobreseimiento basándose en un informe del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, en el que se aclara que la tercera obra sobre la que no informaron Elgart y Terenzano no correspondería al Plan Más Cerca, razón por la cual no había razones para que se la mencionara en la contestación del oficio.
"El oficio que ha dado origen a esta imputación en contra de Juan Ignacio Elgart -explicó Romero- fue contestado debidamente y se ha corroborado en todas las instancias que eran solamente dos las obras que se hicieron en base a ese plan y que la tercera que le pudo haber generado dudas al señor fiscal era de otro plan y además nunca fue iniciada ni ejecutada. Por lo tanto, la prueba es abrumadora".
Pero Arias pidió que se posponga el dictado del sobreseimiento hasta que se cuente con la información que aportará Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Secretaría de Asuntos Municipales. "Entiendo que la nueva evidencia de alguna manera genera dudas sobre la imputación inicial, pero que esto debe ser corroborado en el legajo de investigación y necesito ineludiblemente para ello la contestación del gobierno nacional, que es en definitiva quien organizaba estos planes, lo que a la fecha no ha ocurrido", argumentó el fiscal.
Más adelante, Arias dejó entrever su desconfianza respecto de la veracidad del informe recibido del gobierno provincial. ¿Por qué? Recordó cuando Larrocca, en una indagatoria en tribunales, dijo que "siempre supo de las escuchas, que tiene muchísimos años y que esos años le han permitido tener contactos en un sinnúmero de organismos como para tener posibilidad de conocer inclusive de esas escuchas telefónicas. ¡Imagínese cómo no va tener probabilidad de conseguir una contestación de un oficio de parte del gobierno provincial!", enfatizó el fiscal. Y agregó: "Por esas dudas razonables pido postergar el dictado de un sobreseimiento ante la falta de certeza apodíctica".
En el cierre de la audiencia, Mautone le terminó dando la razón. "Avalo la objetividad del Ministerio Público Fiscal, que nos acaba de informar que si bien elevó la causa a juicio, ha dejado a un costado al Señor Elgart, porque entiende que le faltan elementos a los fines de proseguir en una elevación contra este, pero también entiendo que cuenta con elementos para mantener este estatus jurídico (imputado) en el que se encuentra Elgart. En función de ello no voy a hacer lugar al planteo de la defensa y no se va a disponer el sobreseimiento de Elgart", concluyó el Juez.
En síntesis, Elgart y Terenzano siguen imputados pero no serán juzgados. Todos los demás, Chaparro, Doubña, Segovia y Larrocca, deberán sentarse en el banquillo de los acusados, en el caso de que Mautone responda favorablemente el pedido de elevación a juicio de la causa.
