La mujer, realizó una exposición sobre las demandas y propuestas de trabajadores y usuarios sobre el transporte público, en el marco de las luchas contra los tarifazos.
“Nosotros pedimos la banca del pueblo en función del tratamiento de las tarifas de transporte, pero esto está enmarcado en una situación nacional de suba indiscriminada de tarifas de todo tipo y de recesión en cuanto a los aumentos salariales que se vienen dando y también en un marco inflacionario estrepitoso que hace que todo esto conjugado sea insostenible, por eso también reivindico el paro nacional del martes 30 e invito a todos los trabajadores a hacerse eco”, comenzó.
En su alocución, la representante de la agrupación citó artículos de las constituciones y mecionó lo que consideran pertinente. Chapitel dijo:
“Teniendo en cuenta la declaración universal de los derechos humanos, que postula en sus artículos los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, en el artículo 3, a igual protección contra toda discriminación, en el artículo 7, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, artículo 22, derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios artículo 25.
Teniendo en cuenta la Constitución Nacional que sostiene en su articulo 42 los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
En la misma ConstituciónNnacional se instituye la figura de defensor del pueblo, en su articulo 86, con la función de la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”
Además, citaron el artículo 30 de la constitución provincia, que sostiene: “Se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios. Estos derechos son protegidos, controlados y su prestación regulada por un ente provincial o municipal.
La norma establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la participación de asociaciones de consumidores y usuarios. Existiendo organismos de defensa del consumidor en los municipios, éstos ejercerán las funciones en su jurisdicción” y fundamentalmente resaltaron, de ese artículo que “El Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente.
También hicieron mención del convenio del año 1946 relativo al aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande enuncia que será para el desarrollo económico industrial y social de ambos países.
“Los aumentos de las tarifas de transporte, electricidad, gas, teléfono, precios de combustible, alimentos, medicamentos, vestimenta y alquileres hacen que el acceso a una vida digna y plena de realización de derechos humanos sea cada vez más difícil para una gran mayoría de la población. El aumento incesante en el precio del boleto de colectivo hace cada día más difícil y dramático el acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los centros de salud a los lugares de esparcimiento y diversión”, indicó la vocera.
“Tenemos que darnos cuenta que el transporte no es un servicio más es un derecho humano cuya realización es obligación indelegable del Estado tanto nacional, provincial, como municipal y donde las empresas sean particulares o cooperativas tienen una enorme responsabilidad social. No se trata simplemente de un servicio más del mercado; así como son derechos humanos básicos el acceso a la electricidad, gas, comunicaciones, a los alimentos, a la vivienda y al trabajo”, aseguró.
“Son las políticas del gobierno nacional las que han realizado las medidas de eliminación de subsidios nacionales y las regulaciones de precios de combustibles, la devaluación de nuestra moneda nacional, así como la apertura indiscriminada de importaciones y exportaciones. Todas estas decisiones han llevado a la exclusión a millones de personas”, señaló.
Además, indicó que “también el gobierno nacional es responsable directo de la eliminación de miles de puestos de trabajo tanto del sector privado como del público. Transporte, gas, electricidad, comunicación, salud, vivienda, educación son hoy en Argentina privilegios de una cada vez más pequeña porción de la población”.
“Queremos una vida digna, de realización de nuestros derechos. Transporte, energía, comunicación, alimento, vivienda, salud, educación y trabajo no deben ser artículos de lujo en el mercado. Es obligación indelegable del estado asegurar el acceso igualitario para toda la población a la realización de los derechos humanos, no se confundan, no pedimos regalos, sino políticas de Estado que posibiliten que nuestra fuerza de trabajo, el salario y la movilidad social permitan acceder a estos derechos enunciados en las declaraciones universales, en las constituciones y en las leyes que nos rigen; pero el gobierno municipal tiene responsabilidades establecidas en nuestra constitución provincial. El boleto de colectivos aumentó un 25% en febrero sin ningún aumento salarial. El 33% del costo que no cubren los subsidios nacional ni provincial ha venido a ser asumido enteramente por los usuarios”, concluyó y comenzó a enumerar las necesidades que plantean desde la agrupación.
“Por todo ello proponemos y demandamos que este concejo deliberante legisle en dirección a:
1) Declarar al servicio de transporte publico de pasajeros como un servicio de carácter social, vinculante al cumplimiento de los derechos humanos, tratados y leyes que los enmarcan.
2) Suspensión de todo aumento en la tarifa de colectivo manteniendo los valores vigentes hasta tanto no se recomponga el salario de los trabajadores a nivel de la inflación, donde en promedio los salarios quedaron un 10% por debajo del costo e vida del 2018, siendo el índice interanual 2018/2019 de marzo de un 54,7%. Y que se incremente el salario mínimo, vital y móvil establecido por el consejo de salario de la Nación.
3) Solicitar inmediata intervención y posicionamiento de la oficina del consumidor de Concordia, en el sentido del articulo 30 de la constitución de la provincia de Entre Ríos.
4) Información detallada de la composición del nuevo subsidio al transporte publico de pasajeros urbano del departamento de Concordia, solicitando para su financiamiento de aportes de Nación, Provincia, Municipio y la CTM Salto Grande en razón del interés social que supone un servicio vinculado al acceso al trabajo, la salud, la vivienda, la educación y la alimentación; con dirección a subsidiar el costo real de los distintos componentes como insumos, combustibles y otras variables.
5) Implementación efectiva de la tarjeta SUBE, que tanta expectativa social había generado en la población.
6) Declarar a resguardo el boleto estudiantil, el descuento a los jubilados y los pases a discapacitados. Ningún valor del boleto estudiantil por encima del 40% del boleto único.
7) Conformación de una comisión multisectorial con representación de trabajadores, usuarios, empresarios y Estado a los fines de contemplar todos los actores vinculados al transporte urbano de pasajeros y cuyas determinaciones sean vinculantes para este órgano deliberativo”.
Tras la alocución de Chapitel, la concejal Julia Sáenz pidió explicaciones sobre el proyecto y el concejal Benítez dio su parecer acerca de la propuesta de financiamiento por parte de Nación, Provincia, Municipio y CTM. Discrepó con la idea de que se hicieran cargo del subsidio y consideró que sería conveniente que ese dinero, de lograrse el financiamiento, fuese a parar a las SUBE de los usuarios, por lo que pidió que entre en vigencia.
