Para respaldar su presentación, el peticionante, identificado como Néstor Galarza, entregó en tribunales un archivo de audio, que se hizo público en las redes sociales, en el que se escucha al propio presidente municipal admitiendo la maniobra y justificándola. También adjuntó copias de varios decretos en los que quedaría plasmada la "malversación" que se atribuye.
Extrema cautela en tribunales
La Coordinación del Ministerio Público Fiscal no consideró apropiado brindar información acerca de la denuncia, que ingresó por mesa de entrada el miércoles 29 de mayo por la mañana, porque aún no ha sido evaluada y resta determinar si se le dará curso y se abrirá una investigación formal o si será desechada.La presentación en tribunales ocurre en medio de la campaña electoral, escenario que seguramente contribuyó a que la Justicia extremara aún más los recaudos y el hermetismo, evitando que su actuación pudiera ser interpretada como una interferencia en el proceso eleccionario. Es de suponer que la decisión de investigar o no la presunta malversación recién será adoptada después del 9 de Junio.
La reacción de Cresto
Desde su cuenta en Facebook, Enrique Cresto admitió ser el autor de esas declaraciones y atribuyó su difusión en las redes a una "campaña sucia"."Quieren sacar de contexto declaraciones mías en reportajes públicos, con respecto al fondo de la soja que nos sacó el gobierno nacional y al uso de recursos municipales para temas que nos hacemos cargo sin que nos corresponda", posteó el intendente.
"En sí lo que yo estoy haciendo es malversación de fondos"
En el fragmento de audio se escucha al Presidente Municipal de Concordia afirmando: “lo importante es que yo estoy destinando plata que no está en el presupuesto… es decir… en sí lo que yo estoy haciendo es malversación de fondos porque plata que tenemos para enripiado, para limpieza, para cuestiones que tengan que ver con competencia municipal estamos destinando nosotros en lo que es la contratación de las personas que están en la dirección de seguridad que también es irregular porque son monotributistas”.Más allá del impacto que pueda causar escucharlo, la Justicia deberá evaluar si le asigna o no algún valor jurídico al archivo en cuestión. Es probable que el mayor o menor sustento de la denuncia -si es que lo tiene- dependerá exclusivamente de la evaluación de los decretos a los que alude.
Más de 4 millones de pesos
El denunciante asegura en su presentación que los "cuantiosos pagos", que al día de hoy ascienden a la suma de $ 4.219.000, se ejecutaron invocando una inexistente situación de "urgencia o emergencia". Para ello, se apeló a la Ordenanza 34.698, artículo 12 'D', de aplicación excepcional, que básicamente menciona que se podrán realizar contrataciones directas en casos de urgencia o emergencia. "En la realidad de los hechos -agrega Galarza- la excepción fue convertida en la regla por años", "dejándose de destinar el dinero de los contribuyentes a lo que debía destinarse, tal como el mismísimo intendente Cresto reconoce en el audio y se refleja en la documental".Agrega que "la sola extensión temporal de la maniobra permite hablar de que ha sido desarrollada de una manera sistemática, voluntaria, bajo conocimiento y orden del máximo responsable del gobierno local, lo que menciono al efecto de que se tenga presente el incuestionable conocimiento y la dolosidad en la ejecución de los hechos".
El denunciante sostiene que de los decretos adjuntos se desprende que "los pagos de modo irregular no sólo se efectuaron antes de la creación de la Guardia Urbana por Ordenanza 36.569, de fecha 23 de agosto de 2018, sino que luego de su creación también, lo que realza la irregularidad".
La lista de los decretos que documentan la denuncia incluye al 729/18, 960/18, 1.027/18, 1.153/18, 168/19, 169/19, 306/19, 308/19, 404/19 y 405/19, todos ellos publicados en diferentes ediciones del Boletín Oficial.
Por último, asevera que la presunta maniobra no sólo podría configurar una "malversación" sino además "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "defraudación al Estado".
En qué consiste la figura de la malversación de fondos públicos
El delito que el propio intendente aparecería atribuyéndose en el audio en cuestión y que -según el denunciante- habría concretado a través de varios decretos, consiste en alterar el destino legal de los fondos, reasignándolos a otro propósito no previsto por las normas."A diferencia del peculado, el dinero no sale de la administración. Se le cambia el destino dentro de la propia administración. La urgencia o emergencia puede servir para justificar un primer pago pero no para que mes tras mes se reitere la maniobra invocando igual excusa por un tiempo prolongado" opinó un profesional del derecho consultado por El Entre Ríos.
El letrado ponderó que se trata de un delito de menor relevancia que el peculado y por ello las penas previstas también son menores. Explicó que la gravedad del hecho depende de diversos factores en cada caso. "No es lo mismo que el dinero al que se le cambió su objeto legal beneficiase a un privado con el que el funcionario responsable pudiera tener un acuerdo espurio y, por lo tanto, asomase la sospecha de que la malversación está asociada a un peculado, a que los fondos se distribuyan entre varias personas sin vínculo probado con la autoridad y que presten un servicio real. En este último caso, seguirá siendo un delito pero más simple y tal vez con atenuantes", agregó.
La Guardia "floja de papeles"
Allá por Enero de 2018, la Guardia Urbana de la capital del citrus mereció la atención de la Revista Análisis. "En Concordia existe una especie de policía municipal disfrazada bajo el rótulo de Guardia Urbana, compuesta de exagentes de la Policía de Entre Ríos (PER) y jóvenes que no encontraron otra salida laboral, todos ellos contratados de manera precarizada a través del monotributo" sostenía la publicación, que se basó en datos aportados en ese entonces por los concejales Carola Laner (Frente Renovador) y Esteban Benítez (UCR).Más de un año después, y aunque en ese transcurso finalmente la guardia municipal fue respaldada por una ordenanza, es al mismísimo presidente municipal a quien se escucha admitir la contratación "irregular" del personal bajo la modalidad del monotributo.
La Revista Análisis también se hacía eco del malestar que la guardia municipal había generado en la Policía de Entre Ríos. "El Municipio se ahorra gran parte del dinero que era destinado a los adicionales de la Policía", advertía. "Al ser monotributistas, los integrantes de dicha Guardia no pueden responder por sus actos como funcionarios. De esta manera, se está actuando bajo un marco de total irregularidad que se podrá ver con mayor evidencia si es que ocurre un hecho que haya que lamentar", alertaba.
El doble salario y la incompatibilidad del director
Otro fuerte cuestionamiento apuntó a la persona elegida por Enrique Cresto para conducir el cuerpo, el policía Diego Pasarello, porque cobraba un doble salario, como integrante de la fuerza y a la vez como adscripto al Municipio en el rol de funcionario público. "Ningún funcionario policial podrá aceptar funciones públicas electivas o participar en las actividades de los partidos políticos", dice el artículo Nº 12, inciso N de la Ley provincial N°5654 que regula el Reglamento general de Policía de Entre Ríos. Pero además, el doble rol de Pasarello entraba en crisis con la Ley de Incompatibilidades (N°7.413), que en su primer artículo señala: "El personal de la administración pública provincial que a la fecha de la presente ley, desempeñe más de un empleo en la misma o en la administración pública nacional o municipal, ya sea que dicha acumulación se produzca en una o más de las citadas administraciones, deberá optar por uno solo de los empleos".Tiempo después, tras una actuación interna que se le inició en la policía, Pasarello terminó haciendo lo que debió hacer desde un primer momento: Pidió licencia sin goce de haberes en la Policía.
Un guardia que equivocó el camino
A comienzos de 2019, otro hecho salpicó a la guardia urbana, esta vez por el comportamiento de uno de sus integrantes, algo de lo que no está exenta ninguna institución de la sociedad.En el mes de febrero último, el guardia Marcelo Fabián Ledesma fue detenido por la Policía Federal en la costanera de Concordia "en plena comercialización de drogas". "Al realizar la requisa con el can detector de drogas Blacky, se logró secuestrarle unas 400 dosis de cocaína, valuadas en 101.000 pesos".
Pero horas después de que trascendiera el hecho, la policía de la provincia resaltó que habían sido las mismas autoridades de la Municipalidad de Concordia quienes habían detectado el accionar ilegal de Ledesma y habían anoticiado de ello a las fuerzas de seguridad, lo cual derivó en una investigación que concluyó con su detención.
