Iván Vernengo y Damián Petenatti manifestaron que no se sorprendieron con las declaraciones del procurador Jorge Amílcar García sobre el inminente corte de la causa, para luego avanzar con una segunda temporada. “Pareciera que no se quiere conocer bien cómo era la cosa por miedo a que caiga algún dirigente político”, dijeron. La causa de los contratos truchos en la Legislatura está al borde de su cierre y aún se desconoce cuál fue el destino de los 2.000 millones de pesos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se desviaron de las cámaras parlamentarias en el período 2008-2018.
Dividir la causa en dos partes
Consultados acerca de si es conveniente partir la causa en dos partes, Vernengo sostuvo que “es una falacia pretender cortar la investigación para evitar que se prolongue hasta 2030 por su dimensión, como quiere hacer el procurador. Esta causa tiene menos de un año, es de una complejidad y una gravedad enorme, y la quieren cortar. Es raro que se diga eso cuando con un homicidio lo llevan a ocho años”.Por su parte, Petenatti manifestó que “García no ha dado fundamentos jurídicos para hacer un corte. Lo que queda claro es la injerencia de la política en la agenda de la Procuración y sobre todo en los casos de corrupción. El Ministerio Público Fiscal no tiene determinados criterios que le da la ley procesal en cuanto a la discrecionalidad y esto se lo impide justamente el artículo 5 del Código Procesal Penal cuando refiere a un delito en la administración pública. No hay ningún tipo de criterio de discrecionalidad”.
“Por otra parte, este recorte deja en evidencia la intención de no investigar a las más altas esferas de la política. Esto lo hemos hablado con otros colegas. Todas las personas que actualmente están siendo investigadas, sospechadas o se le hizo designar abogado, si se cierra y quedan afuera de la investigación, no van a poder ser investigadas en esa segunda parte. Se amparan en un principio que es para todos los ciudadanos que es la prohibición de la doble persecución, es decir, no se puede investigar en dos oportunidades a una persona por el mismo hecho”, agregó el letrado.
“Parece que no se quiere conocer bien cómo era la cosa”
Sobre los administrativos que han declarado, Vernengo sostuvo que “no se ha interrogado correctamente para saber cómo funcionaba el sistema. Pareciera que no se quiere conocer bien cómo era la cosa por miedo a que caiga algún dirigente político. Esta idea se desprende de las indagatorias que están en el legajo. Resulta que se dice que hay una cantidad de prueba abrumadora, pero todo es para las capas medias de la asociación ilícita y nada sobre los jefes. Es extraño. No veo interés de los fiscales en subir”.“Es muy loco lo que sucede. En todo momento se hace referencia a las autoridades de las cámaras como parte del mecanismo por el cual se cometía el delito, pero dicen que no están identificadas. ¿Cómo que no están identificadas? Es un dato objetivo. Todos sabemos quiénes son y quiénes fueron esas autoridades. Están hasta en el protocolo de la provincia. ¿Hasta cuándo se va a seguir diciendo que es la causa más importante de corrupción cuando hay tres funcionarios imputados por su condición de tales?”, dijo Petenatti.
Los funcionarios que están imputados son “(Juan Domingo) Orabona, (Gustavo) Pérez y (Sergio) Cardozo –ex administrativos de las cámaras”, precisó Petenatti. “Semejante causa, por su complejidad, si se cierra en un año, no es otra cosa que una muestra clara de que no se quiere investigar a la política”.
“En todas las entrevistas de las que hemos participado hay una voluntad de no querer investigar hacia arriba. Se nota mucho”, agregó Vernengo.
Si mañana se decidiera elevar la causa a juicio en una primera parte, “plantearemos cosas, porque acá no se está abordando el panorama completo. Esto es un proceso penal muy complejo, no es una serie en la que se pueden hacer dos partes. Hay una campaña por parte de la Procuración, a través de algunos medios, de negar un costado de toda la trama. Eso se ve. Pero, insisto, no hay fundamentos jurídicos por los cuáles se pueda partir el proceso cuando la prescripción es larguísima. Y si hablamos de un plazo razonable para investigar, nadie está planteando diez años, pero tampoco menos de uno”.
Por último, ante la pregunta de cómo explican que los imputados, entre ellos su defendido, aparezcan como propietarios de un importante número de inmuebles, Vernengo sostuvo que “hay imputados que tienen muchas cuentas, pero fueron abiertas a lo largo de su vida. En el embargo aparecen algunos imputados con veinte cuentas bancarias, pero en realidad tienen solo dos cuentas activas, por ejemplo, así es en el caso de Bilbao. Con el tema de las propiedades, es interesante sacar una cuenta: según la hipótesis de la Fiscalía, el desfalco fue de 2.000 millones de pesos, pero resulta que cuando uno suma, a valor mercado, todas las propiedades e inmuebles embargados a los imputados, no supera los 200 millones de pesos. ¿Y los otros 1.800 millones que le sacaron al Estado dónde están?”, concluyó.
