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Ubicado sobre la ruta provincial 26, entre las ciudades de Colón y San José, el lugar permanece ocupado desde mayo de 2018 por personas oriundas de Misiones. En torno a este hecho se han investigado diversos delitos, entre ellos trata de personas, explotación laboral y usurpación. El Entre Ríos entrevistó a la fiscal que lleva adelante la causa, Micaela Di Pretoro, y a Ariel Ortega, miembro de la UTT (Unión Trabajadores de la Tierra).
“Pedimos la restitución del inmueble”
“Ese predio fue donado por una señora de apellido Adami, un tercio a la Iglesia y dos tercios al hospital. Son alrededor de 10 hectáreas”, comenzó diciendo la fiscal de la causa.

“En mayo de 2018, unas personas ocuparon este predio y el fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes, realizó una denuncia para que se investigue y se tomen las medidas correspondientes, en caso de que se estuviese cometiendo algún delito. Cuando recibí la denuncia hice una constatación con la Policía, se hizo un informe y había mucha gente viviendo ahí, entre ellos niños. Se dio intervención al Copnaf y el Ministerio Público Pupilar para que aborden la situación”, señaló Di Pretoro.

“El informe de Policía decía que en el lugar había gente llegada de Misiones viviendo en condiciones muy precarias, sin luz, gas, agua ni nada. Ante la posible comisión del delito de trata de personas, el cual no somos competentes para investigar, lo envié al Juzgado Federal. Se investigó durante todo el año pasado si había trata laboral y, como los informes fueron negativos, en febrero de este año esa causa se archivó”, añadió.

“Se me habilitó para seguir investigando e imputé a seis personas mayores de edad por el delito de usurpación. Luego se sumaron dos más que empezaron a construir. Conforme al Código Procesal, solicité una audiencia de restitución a la que concurrieron la Defensa Pública representando a los imputados y el Ministerio Público Pupilar en representación de los menores. La jueza de Garantías determinó que efectivamente estas personas no tenían autorización para vivir ahí y les dio un plazo de 60 días a partir de que quedara firme la resolución para que se vayan voluntariamente, sino se pediría el auxilio de la fuerza pública. La defensa apeló esta resolución, pero la doctora Evangelina Bruzzo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, confirmó la resolución de la jueza de Garantías y lo que habíamos solicitado desde la fiscalía, que era la restitución del inmueble. Ahora hay que esperar a que esta quede firme y se desaloje a la gente que está viviendo allí sin autorización, en un terreno que se acreditó es del Estado”, concluyó Di Pretoro.
“La política los pone en ese lugar y luego los denuncia como usurpadores”
Por su parte, Ariel Ortega, integrante de la UTT, expresó: “Tratamos de cambiar la mirada sobre esta cuestión, ya que no se trata de una toma ni una usurpación. Son familias a las que trajeron engañadas con promesas falsas, sufrieron explotación laboral por parte de algunos actores políticos que hoy no se hacen cargo”.

Según Ortega, anteriormente, el lugar en cuestión funcionaba como un “aguantadero”, donde “se desarmaban motos, se acopiaba mercadería para ser vendida. A esta gente se la ingresa al predio para ser cuidadores diciéndoles que se queden tranquilos que no había inconveniente. Le bajan la luz, se les acerca una mesa y sillas, se les pide un desmonte y que generen carbón, temas sobre los que tienen conocimiento por ser de Misiones. Estas personas son víctimas; la política los pone en ese lugar y luego es la misma política la que los denuncia como usurpadores”.

“En todo este tiempo nadie se ha acercado a asistirlos, ahora la Justicia ordena un desalojo sin escuchar las denuncias que en los últimos días realizaron en los medios. Deberían haber actuado de oficio, citándolos para preguntarles quién los puso ahí, que son las mismas personas que amenazaron a estas familias en las últimas semanas para que no hablen sobre el tema”, dijo.

“Desde la UTT cumplimos la función social de representar a los trabajadores de la tierra, por eso respaldamos a estas familias. Entendemos que más allá de la cuestión judicial, que tiene bastantes puntos oscuros, se les debe encontrar una salida”, explicó Ortega.

“Mañana (por hoy) estaremos haciendo una presentación en la Justicia por las amenazas y hemos instado a que se genere una mesa de diálogo con los distintos actores para encontrar una solución viable para ellos, a quienes no les interesa la propiedad privada sino su trabajo. ¿Cómo trasladamos el trabajo de dos años a otro lugar? A lo mejor desconocen que para que una tierra sea productiva lleva años. Por eso proponemos una colectivización del trabajo de esa tierra. Ya que el hospital no se hizo ni está en miras de hacerse, que se les permita seguir produciendo y, si el día de mañana hay un hospital o una capilla, se los proveerá de alimentos saludables”, dijo para concluir.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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