Las dudas respecto de su postulación para ocupar un cargo público surgieron por el rumbo de la investigación penal preparatoria que se le sigue por enriquecimiento ilícito. La causa se inició en diciembre de 2016, a partir de una presentación que hicieron legisladores de la oposición, entre ellos el senador Raymundo Kisser, que ahora deberá analizar el pliego, en la que señalaban que el matrimonio “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y otras cuestiones.
En su entrevista ante el Consejo de la Magistratura, Montefiori aseguró que no tiene bienes inmuebles a su nombre, dijo que la casa familiar está hipotecada y aseguró que nunca firmó documentos para realizar inversiones financieras.
Sin embargo, los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación, detectaron inversiones millonarias que habría realizado Canosa en mutuales y financieras y lotes de terrenos que no constaban en su declaración jurada.
Canosa y Montefiori no han sido citados a prestar declaración de imputado, pero sí designaron abogados defensores para conocer las actuaciones. El legajo está actualmente en la etapa de producción de los informes finales para la determinación del patrimonio de ambos. Peritos deben realizar tasaciones de la casa familiar en la zona de la Toma Vieja y de un departamento ubicado en calle Urquiza 1540 de Paraná que adquirieron en 2004 a través de un plan Pilay. Es el paso previo a la determinación del patrimonio total. Si hubiera inconsistencias, Canosa y Montefiori serán formalmente imputados.
En ese estado de situación enfrentará Paula Montefiori el proceso legislativo para su designación como defensora pública.
El procedimiento establece que, una vez que ingrese a la Cámara de Senadores, el pliego será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Lucas Larrarte (Partido Justicialista, de San Salvador); y se publicarán los datos y antecedentes de la postulante en el boletín oficial, en dos diarios y en la página web del Senado.
Dentro de los diez días hábiles siguientes, se recibirán adhesiones e impugnaciones a la postulación, que podrán ser presentadas por escrito por entidades o ciudadanos ante la comisión, fundamentando sus posiciones. También dentro de los 30 días, el presidente de la comisión podrá requerir informes complementarios sobre la postulante a organismos públicos y privados.
Cumplimentadas estas instancias, se fijará día y hora para la audiencia pública donde Paula Montefiori expondrá ante los senadores sobre sus antecedentes, su motivación para el cargo, la forma en que desarrollará su función, sus valores éticos, su situación patrimonial y otros aspectos. Luego, se elaborará un dictamen aconsejando la aprobación o rechazo de cada pliego, que será tratado por el pleno.