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El Municipio envió una solicitud formal al Concejo Deliberante para poder tomar un crédito que permita destrabar el conflicto que lleva ya 10 días.

En el marco del décimo día sin transporte público en la ciudad de Paraná, desde el Municipio emitieron un comunicado en el que detallan las acciones y gestiones que se realizaron desde un principio para restablecer el servicio, y, la reciente resolución que podría poner fin a la disputa: tomar deuda para pagar a los choferes.
El conflicto
Alrededor de 480 trabajadores de las empresas ERSA Urbano S.A y Mariano Moreno S.R.L, que conforman Buses Paraná, están perjudicados porque se les adeuda parte del sueldo, una cifra no remunerativa de 13.500 pesos, así como las diferencias del incremento del 20 por ciento correspondientes a junio, julio y aguinaldo, suma que estaba fijada hasta septiembre, donde se debería retomar la discusión salarial.
Toma de deuda
Para resolver el conflicto que mantiene la ciudad sin transporte público desde hace diez días, el Ejecutivo municipal informó que "recientemente se dispuso enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permita la toma de un crédito para afrontar subsidiariamente la deuda reclamada por los trabajadores de UTA y que pondría fin al conflicto".

En el escrito manifiestan que "paralelamente a tal efecto, se desestimaría una ordenanza aprobada en el año 2017 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito de 600 millones de pesos para obras en la ciudad que nunca fue necesario utilizar ya que las obras encaradas fueron realizadas con recursos propios y genuinos".

Además, precisaron que “se llevan adelante gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación a efectos de reclamar recursos dispuesto por la norma Nº 1.086/18 en su artículo 4º, cuyo fin es precisamente atender situaciones especiales de crisis como ya lo ha realizado en la ciudad de Santa Fe en situaciones similares ante la quita de una parte de los subsidios nacionales".

“También se hicieron presentaciones y gestiones ante la Secretaría de Trabajo e igualmente se solicitó la intervención de la Justicia provincial", informaron, en tanto que actualmente, el Municipio “prosigue con el mecanismo de intimación por 15 días al concesionario para que dé cumplimiento a lo establecido en la norma contractual cuyo incumplimiento dará lugar a decretar la caducidad de dicha concesión".

Finalmente, en el texto revelan que incluso "se ha solicitado una audiencia al señor Gobernador de la Provincia" para resolver el conflicto.
Fuente: El Once - Ahora

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