La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos elevó una nota al Superior Tribunal de Justicia de la provincia en relación a las expresiones vertidas por el presidente del cuerpo, Emilio Castrillón, quien criticó el sistema penal y realizó declaraciones que molestaron a los magistrados.
En su momento, por ejemplo, manifestó que “los jueces de Garantía están pintados. Tenemos sueldos importantes para hacer de escribanía de lo que piden los fiscales. Entonces, si tenemos un error de los fiscales, tenemos error de la escritura, porque la escribanía va a sellar el error. Debemos contar con una defensa fuerte. Y es lo que pide el pueblo. No creo que los entrerrianos aplaudan que ante un triple homicidio (caso Siboldi) haya que tener 16 policías y tobillera y monitorear, para que puedan estar en la casa de la abuela los que están siendo investigados”.
Castrillón continuó en su análisis y consideró que “más allá de que es apreciación personal, los entrerrianos no quieren eso. Y los legisladores tienen que legislar para lo que piden los entrerrianos. Hay que escuchar ala gente y no actuar para la tribuna. Hay que asegurar las garantías pero también asegurar a las víctimas”.
El enojo de los magistrados
La seguidilla de declaraciones de ese estilo del presidente del STJ ha colmado el vaso de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, que elevó una nota a Castrillón y mostró su malestar hacia el tono de esas declaraciones y en particular por el menoscabo que representan para la labor de los jueces en la provincia. En la nota elevada, que cuenta con las firmas de su presidenta, Gabriela López Arango, y su secretario general, Leonardo Portela, comunicaron: “Nos dirigimos a ese Tribunal dado que de la permanente comunicación con nuestros colegas jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, advertimos con preocupación la sucesión de expresiones de la Presidencia de ese alto cuerpo – realizadas tanto en medios públicos como en eventos científicos e institucionales – que lejos de acercar la función de nuestros asociados a los destinatarios del servicio de justicia, descalifican gratuitamente su cotidiana labor y la misión constitucional llamados a desempeñar; descalificación que se irradia a todos quienes formamos parte de la justicia provincial, abonando un creciente desprestigio del cual no escapa ninguno de sus integrantes”.Los magistrados consideran que las expresiones descalificadoras “además de depreciar el trabajo de todos aquellos, no guardan relación con la trascendencia de las decisiones que toman diariamente en los casos que actúan, ni tampoco la prudencia debida, con consecuencias negativas y tangibles en sus personas y en su relación con la comunidad”.
En este sentido, solicitan al alto cuerpo del STJ que “reflexione acerca del impacto que manifestaciones de esta naturaleza generan en la sociedad, en un contexto de permanentes demandas sociales, muchas de las cuales son canalizadas a partir de los procesos judiciales existentes, y necesitadas de nuestra intervención”.
