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El juez de Garantías Nº 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, dictó este viernes el sobreseimiento de dos familiares del expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, que habían accedido a una probation en 2017.

Los beneficiados con la decisión judicial son Carlos Alberto Canosa, hermano del extitular de la tarjeta; y su suegra Mirta Gueller. Ambos, que tienen un taller de costura en calle Zubiría, habían accedido a realizar indumentarias para una entidad de bien público durante un año y medio.

Este viernes, el abogado Guillermo Vartorelli pidió el sobreseimiento de ambos que estaban acusados como partícipes necesarios por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Gueller y Carlos Canosa quedaron involucrados en la causa porque se les compró indumentaria por diferentes sumas de dinero mientras Juan José Canosa era titular de Sidecreer.

En su breve exposición, el letrado señaló que sus defendidos ya cumplimentaron con las normas de conductas impuestas el 25 de agosto de 2017 por la jueza Paola Firpo y que correspondía dictarse el archivo del caso. Además, indicó que la Oficina de Medios Alternativos (OMA) controló el cumplimiento de la medida.

A su tiempo, el fiscal Santiago Brugo también solicitó se archive la causa dado que al haberse cumplido con las normas de conductas se extinguió la acción penal.

Tras ello, el juez Bonazzola entendió que se dieron los requisitos que exigen el Código Penal argentino y el Código Procesal entrerriano para dar por concluida la causa, dictar el sobreseimiento y mandar el caso a archivo.

Antes de Canosa y Gueller, ya habían logrado el sobreseimiento por el mismo delito Diego Urba y su mujer, María José Cuestas.
Canosa pelea por su absolución
Por su parte, el extitular de la tarjeta sigue su pelea para conseguir la absolución. El exfuncionario estuvo este jueves en Tribunales y pidió, ante la Cámara de Casación Penal, su sobreseimiento en la investigación penal que terminó en condena en 2018.

Un tribunal le aplicó a Canosa 3 años de prisión condicional al hallarlo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública: durante su paso por Sidecreer, entre 2007 y 2015, benefició con contrataciones a parientes y amigos.

El tribunal de Casación -Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano- anunció que la resolución al pedido de Canosa, y sus abogados, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, recién se conocerá el 17 de febrero próximo.

La Fiscalía acusó a Canosa de haber hecho negocios con sus familiares mientras estuvo al frente de la tarjeta estatal. Se le imputó el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y a sus familiares y amigos, como partícipes necesarios. En esa calificación quedaron su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. También, el tío político de Canosa, José Daniel Romero, dueño de JDR Construcciones, quien está casado con la hermana de la madre de Canosa. JDR realizó trabajos de albañilería para la tarjeta provincial en tiempos de la gestión Canosa, que se extendió entre 2009 y 2015.

Urba es el director comercial de Excelcom, es ingeniero en sistemas y amigo personal de Canosa. Su esposa es María José Cuestas, es directora de la firma y, a su vez, concuñada de Juan José Canosa, puesto que su hermano, Alberto Canosa, está en pareja con su hermana Alicia Cuestas.

El viernes 25 de agosto de 2017, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, aprobó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del clan Canosa, que fueron imputados por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa que se le sigue al ex titular de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa. Los cinco involucrados acordaron realizar trabajos comunitarios durante períodos que van entre un año y un año y medio en organizaciones sin fines de lucro o para el Estado.

Juan José Canosa fue condenado en 2018 a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por haber beneficiado con contrataciones a familiares y allegados.

En la lectura de la sentencia, el Tribunal resaltó que las tres empresas ligadas a familiares y amigos, Excelcom, Texmer y JDR Construcciones, empezaron a ser proveedoras de Sidecreer cuando Canosa asumió en la presidencia, y que desaparecieron del listado de oferentes cuando abandonó ese puesto. Canosa estuvo al frente de Sidecreer entre 2007 y 2015.

En un fallo unánime firmado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, se lo condenó a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía había pedido 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que el ahora condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aún cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafa) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). En ese caracter, se le pudo achacar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El Ministerio Público Fiscal había pedido la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para el expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), al considerarlo penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por una serie de contrataciones, 32 en total, con tres empresas, Texmer, Excelcom y JDR Construcciones, todas ligadas a familiares y amigos, durante los años que ejerció la titularidad de la tarjeta oficial, entre 2007 y 2015.

El fiscal Santiago Brugo, en su alegato de pedido de condena, comparó el delito que se le imputa a Canosa con la causa que llevó a prisión al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone/The Old Fun. Aunque hizo una distinción: Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, pero para Canosa se solicitó una pena “más baja”: 5 años y 6 meses de prisión efectiva, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, lo cual le haría perder su actual función de asesor legal de la Cámara de Diputados. Pero además, ante el “peligro de fuga” del imputado, quien tiene otra causa en trámite, por enriquecimiento ilícito, pidió que se le impongan medidas de restricción de la libertad: la prohibición de salida del país, y la presentación, en Tribunales, cada 15 días, en caso de ser condenado.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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