Ello en razón de que el Juez de Garantías, Darío Mautone, dio curso favorable a una solicitud de ampliación de plazo presentada por los abogados, justificada en la necesidad de contar con más tiempo para preparar su respuesta y garantizar así el real ejercicio del derecho a la defensa de sus representados.
A Mazurier, expresidente de la Codesal (Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande), Fiscalía le atribuye la autoría de cinco hechos en los que habría incurrido en peculado en concurso real con administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública, más un sexto donde el delito sería el incumplimiento de obligaciones de funcionario público. En concreto, lo acusan por la presunta sustracción de fondos recaudados por la explotación del camping La Tortuga Alegre, las Termas del Ayuí y el Camping Las Palmeras, y haber "omitido recibir la administración del Hotel Ayuí con la finalidad de apoderarse de manera ilegítima de los montos percibidos por su explotación comercial". Este lunes, en audiencia llevada a cabo en el segundo piso de los tribunales de Concordia, su defensor, Osvaldo Sarli, y el letrado que representa a Villanueva, Juan José Buktenica, argumentaron que los 5 días de plazo que les concede el Código Procesal Penal no eran suficientes para analizar la prueba presentada por el Fiscal José Arias, unos “178 instrumentos”, algunos de los cuales –dijeron- son expedientes de muchas hojas. “Tan poco tiempo” conspira contra el “derecho constitucional a la defensa”, enfatizaron.
El letrado que defiende a Mazurier citó al exjuez Carlos Chiara Díaz, que en otra causa llegó a calificar como exiguo al plazo en cuestión. “Miles de hojas, cajas y cajas de 10 años de investigación y sólo 5 días para analizar todo, responder y ver qué pruebas ofrezco”, se lamentó.
Momentos antes, Sarli había admitido que todas las pruebas que fue colectando Fiscalía durante la década transcurrida estuvieron siempre a disposición de las defensas. No obstante, explicó que recién ahora supieron cuáles de todas ellas habían sido tenidas en cuenta por el Fiscal José Arias para efectuar la remisión a juicio. “Necesitamos tiempo para analizar esos 178 instrumentos que ofreció”, insistió.
El abogado aprovechó para culpar al Ministerio Público Fiscal por los 10 años de trámite que lleva la causa y dio a entender que la prórroga de una veintena de días no era nada en comparación con el tiempo transcurrido desde los orígenes del expediente.
A su turno, Arias respondió. Puso el énfasis en la “improrrogabilidad” de los plazos procesales. Calificó al pedido de los defensores como “dilatorio” y argumentó que el juez no tiene facultades para “legislar” cambiando el plazo estipulado por los legisladores.
Sarli le salió al cruce. “Hay normas superiores al procedimiento, como el derecho a la defensa”, dijo. Por tanto, agregó, “el juez puede introducir correcciones para resguardar que se respeten esas leyes superiores”. Y contraatacó: “La fiscalía dilató esta causa durante 10 años”.
El Juez de Garantías Darío Mautone se tomó media hora para finalmente resolver, tras un cuarto intermedio, dar curso favorable al pedido de los defensores. El magistrado extendió el plazo para que respondan hasta el día 30 de Marzo a las 9.
¿Quedará de allí en más despejado el camino para que se arribe al juicio que tiene garantizado todo acusado, ante un tribunal independiente, que condene o absuelva? ¿Tendrá lugar el debate oral y público en los 9 meses que restarán de 2020? A ciencia cierta, nadie puede asegurarlo. De lo que no quedan dudas es de ese color amarillento que adquirieron algunas hojas, que documentan el inexorable paso del tiempo.
