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Una buena noticia, que es a la vez una pregunta, por encima de su sabor agridulce. Vinculada ella en sus dos formas, con la apertura de una posibilidad entrevista de que asistamos a una restauración institucional en nuestra provincia.

La que acompañando la clara actitud que en la materia exhibe nuestro gobernador Bordet, quien ha demostrado desde su llegada al poder, que no se tiene contemplaciones con los funcionarios que delinquen, mientras –a la vez- se lo ve determinado a que la acción gubernamental alcance altos niveles en materia de transparencia, abren –tal como lo acabamos de afirmar- horizontes de esperanza.

Todo lo cual, viene a confirmar la impresión que existen grandes posibilidades de que se asista al retorno de gobiernos, ejemplos de austeridad republicana, que durante décadas fueron la constante, inclusive en el caso de gobernantes peronistas.

De allí, que hayamos calificado de esa manera la información que la revista Análisis subió a su sitio digital. Noticia en la que se da cuenta que “el exdiputado provincial José Ángel Allende (PJ-Nogoyá) firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció ser autor -en reiteradas oportunidades- del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ello con el enriquecimiento ilícito consiguiente. Así como de cometer el delito de amenazas a la ministra de Salud Sonia Velázquez y al periodista Martín Carbone.

Aunque eso no se trataría de todo lo imputable al nombrado, a juzgar por la relación de la vida de Allende, que efectúa esa revista; de cualquier forma, ha sido suficiente para que en un juicio abreviado al que fuera sometido, haya sido condenado a cumplir una prisión condicional de 2 años y 8 meses, ser inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos y a pagar una multa de tres millones de pesos. A la vez que, se haya procedido al decomiso de inmuebles de su propiedad, de significativo valor.

No nos vamos a detener en el detalle de los bienes que constituyen el patrimonio mal habido del ex legislador, porque por allí no pasa el meollo de un necesario análisis de la información, a que hacemos referencia. Ni siguiera entrar en la referencia minuciosa de las circunstancias que nos llevan a calificar a Allende como uno de los “barones de un régimen”, entendiéndose por tal la posición de fuerza que lo hacía aparecer blindado por la impunidad y dueño de un poder sin cortapisas, -temido por ello aun por sus “compañeros” en funciones de gobierno- que exhibía hasta de una manera que cabría considerar como impúdica, en su doble condición de dirigente sindical de ejercicio vitalicio, y acompañado, en apariencia, por una inexpugnable cabecera de puente que esa condición le había permitido establecer dentro del ámbito político, con sus ramificaciones en todas las área de gobierno.

Y si lo hemos calificado de “barón” es por la similitud que guarda su figura y el comportamiento que es su consecuencia, con la forma que tienen algunas voces del periodismo nacional de calificar a algunos intendentes justicialistas del conurbano capitalino, a los que califican de “barones” precisamente – y entre otras cosas- por un “dominio de territorio” ejercido en función de un método en el que tanto el garrote como la zanahoria pueden llegar a ser utilizadas en forma alternativa. Baronía, con pretensiones que no es alejado de la realidad, caracterizar como de vitalicias. Todo ello dentro de una estructura social en la cual a cada momento y en cualquier ámbito se tiene la posibilidad de toparnos, ya con un “barón”, ya con alguien con aspiraciones de llegar a serlo. Inclusive más allá del tamaño de “su quintita”.

En cambio, lo que sí consideramos necesario, es dar la explicación del porqué nos provoca esa noticia un sabor agridulce que creemos no solo explicado, tal cual lo acabamos de indicar, sino también justificado; por las circunstancias que a continuación se pasan a puntualizar.

La primera tiene que ver con el andar que hace recordar al de las tortugas, del que da muestras nuestro servicio de justicia, en las causas en que las carátulas incluyen el nombre y apellido del titular de una de esas “baronías”.

Es así como se hace necesario tener en cuenta a ese respecto, que la denuncia inicial contra Allende fue efectuada, según surge de la información a que hemos hecho referencia, por el periodista de ese medio noticioso Jorge Riani, en marzo de 2012, y dio motivo a una nota de tapa de Análisis.

Y desde ese momento, hubo que esperar cuatro años hasta que fueran peritados y valuados algunos – según la información que seguimos no han sido todos- de los bienes del nombrado. Y de allí, otro lapso similar para que se haya alcanzado la sentencia. Dándose entre tanto el escándalo de ver a nuestro personaje continuar en el disfrute ostensible, de bienes de cuya procedencia existían más que fuertes dudas.

A ello se agregan dos circunstancias, que a estar a esa fuente parecen moverse en torno a la verdad, desde el plano de las conjeturas. La primera de ellas, ante el listado que en la nota periodística se efectúa, que Allende “se quedó con un vuelto” harto substancioso, al momento de negociar el ajuste de cuentas con la fiscalía. Nada que pueda extrañar, si se tiene en cuenta que por lo general los conocidos como “law fare” de este tipo, exigen una labor detectivesca imposible de llegar de una manera acabada a feliz término.

¿Se habrá aplicado, nos preguntamos, en este caso, la enseñanza refranesca que advierte que “más vale un pájaro en mano”? Aunque, lo que debe quedar en claro, al mismo tiempo que molestarnos, no es que el resultado de la negociación tenga un resabio de “sabor a poco”, sino la sospecha que el condenado, hasta cierto punto, se haya “salido con la suya”.

No puede dejar de llamar la atención que en la nota periodística a que con detenimiento atendemos, se señale la existencia numerosos bienes que se encuentran o estuvieron a nombre de la ex esposa de Allende y de sus hijos; y que ese señalamiento venga acompañado con la indicación que una de las bases de esa negociación, casi una condición, fue la de que se dejara a todos ellos “fuera del asunto”. ¿Nos encontraríamos de ese modo, ante la convalidación de un acto que no sería otra cosa que “un anticipo de herencia fraudulenta”?

Pero lo que importa, es que de cualquier manera, nos encontramos frente a un acontecimiento cuya trascendencia es indudable, máxime en el caso de que se siga transitando en el camino de esta necesaria “purga de barones.

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