Es que se investigó a Allende por amenazar a un periodista (Martín Carboni), a una mujer y funcionaria pública provincial (la ministra de Salud Sonia Velázquez) y por ir en contra de la administración pública. Los vocales consideraron, respecto los damnificados, que surgen estándares internacionales concretos a seguir y velar. Y serán citados por el tribunal a la audiencia que se fije para el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado. Cabe señalar que el 8 de marzo de 2018, ingresó para juicio el Legajo OGA 7.436 “Allende José Ángel sobre amenazas”, contra Carboni. El 7 de junio del mismo año, el fiscal Álvaro Piérola solicitó el desafuero del entonces diputado provincial para su juzgamiento. Cuatro días después, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9, José María Chemez, dispuso la integración de un Tribunal Colegiado a los fines de tratar la solicitud. Entre los fundamentos, se destacó la gravedad institucional del caso.
En ese momento, Allende ya estaba imputado por un supuesto delito de acción pública. Y había precedentes de tribunales de juicio de la provincia. Por ejemplo, en los legajos “Zarza, José Carlos y otros-coacciones agravadas reiteradas, resistencia a la autoridad, amenazas, en concurso ideal”; “Bobadilla Wense y otros-coacción agravada”; “Canosa, Juan José/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
