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El ex diputado y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, sumó un nuevo planteo en contra del acuerdo del juicio abreviado que alcanzó con el Ministerio Público Fiscal.

El dirigente había llegado a un acuerdo con la Fiscalía en la causa por enriquecimiento ilícito y amenazas a un periodista y a la ministra de Salud, Sonia Velázquez. La funcionaria planteó su disconformidad con el abreviado a través de una presentación en Tribunales que realizó su abogada Fernanda Vásquez Pinasco. Ahora, se sumó el periodista y director del sitio NoticiaUno.com, Martín Carboni, quien el 30 de mayo de 2017 fue amenazado por el dirigente durante una entrevista en radio.

El comunicador se presentó en la justicia, con el patrocino del abogado Rubén Pagliotto, y manifestó su desacuerdo con el arreglo al que llegó Allende. El escrito fue difundido a través de su medio de comunicación.

La causa por amenazas contra el periodista la tramitó el fiscal Álvaro Piérola. La acusación decía que el 30 de mayo de 2017 “entre las 8 y 10 horas en el programa emitido por Radio La Voz a cargo del Sr. Rubén Almará, el Sr. José Angel Allende haciendo referencia al periodista local Martín Adrián Carboni, manifestó en un primer momento ‘que se dejen de joder’ para luego afirmar durante la misma nota ‘vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos”.

Por este hecho, que se tramitó con celeridad, Allende iba a ir a juicio oral. Así lo había determinado en octubre de 2017 el juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Mauricio Mayer, cuando hizo lugar al pedido del fiscal. En aquel entonces, el acusador adelantó que en el juicio pediría 2 años y 6 meses de prisión condicional para Allende.

Sin embargo, luego de tres años, el debate nunca se realizó y Allende logró un acuerdo con la Fiscalía para admitir su culpabilidad en un combo de causas: la de enriquecimiento ilícito abierta en 2012; y las más recientes por los aprietes a Carboni y la ministra. La audiencia para concluir el trámite fue fijada para el 1º de julio, ante los jueces José María Chemez, Alejandro Cánepa y Carolina Castagno.
Argumentos
En su presentación de disconformidad con el abreviado, el abogado de Carboni señaló que “la acumulación de causas pretendida desnaturaliza disruptivamente el proceso de Juicio Abreviado”, e “invisibilidad derechos de especial protección constitucional e internacional”.

Agregó que “el delito de amenazas coactivas atribuido al imputado José Allende constituye a la par que un ataque a la libertad de determinación contra el suscripto, un claro atentado contra la libertad de expresión, derecho consagrado en la Constitución Provincial, Constitución Nacional, así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional”.

En otro párrafo, cuestionó duramente el acuerdo anunciado por la Fiscalía: “Aún cuando el Ministerio Público Fiscal ha intentado presentar el Acuerdo de Juicio Abreviado para el imputado Allende como ‘un triunfo social’, lo cierto es que esta inadecuada e irrazonable acumulación de causas, sin que las víctimas -y la sociedad toda- puedan individualizar la sanción para un ex funcionario público y actual dirigente gremial, que presidió la Honorable Cámara de Diputados de esta provincia (2011-2015), y que admite haber agredido la hacienda pública en dos oportunidades –enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública- y otras dos veces fue autor de los delitos de amenazas coactivas, una de ellas, calificada por violencia de género, contribuye a perpetuar, incluso acentuar, la persistente desconfianza social en el sistema de administración de Justicia, y la inescindible sensación de impunidad y hastío”.

“Se intentan concluir cuatro causas seguidas contra el imputado por el mecanismo de juicio abreviado, que comprendería todos los injustos cometidos, pese a tratarse de causas de distinta sustancia y naturaleza penal, con distintos sujetos como víctimas, lo que impide individualizar la pena para cada uno de los delitos (…) en una suerte de cambalache jurídico resumido en una oferta del “4 x 1””, añadió.
Por otra parte, advirtió que “llama doblemente la atención la actitud del Fiscal Piérola: por su radical e intempestivo cambio de posición”. Al respecto, aseguró que “no se comunicó conmigo el fiscal Álvaro Piérola quien llevó adelante la investigación, para consultar mi opinión, o explicarme los motivos de su cambio drástico de parecer”.

Enseguida recordó que, en 2017, el acusador había pedido llevar a Allende a juicio con una pena en expectativa de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y que la petición fue aprobada por el juez Mayer.

“Ahora, luego de la formal elevación a Juicio y con posterioridad a dos citaciones a juicio del imputado, el mismo Fiscal habiendo transcurrido más de dos años y cuando el imputado no puede ‘ampararse’ ya en sus fueros parlamentarios, acuerda un juicio abreviado abarcativo de 3 delitos más, no conexos, en el que se acumularían de ese modo causas de distinta naturaleza y sustancia, por una sanción casi idéntica (2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional), más decomiso de dos bienes y una sanción económica que nada tienen que ver con el delito perpetrado en mi contra”, puntualizó.

Finalmente, pidió al Tribunal que no apruebe el juicio abreviado presentado por la Fiscalía. “Debe atenderse a la trascendencia social, cultural y política del mensaje que dejará para el presente y postrer generaciones el servicio de justicia, si queda subsumido y licuado, sin saber con precisión cuál es la pena individual –aunque sea ínfima y en suspenso- que se le aplicará como sanción o retribución para cada uno de los injustos que se le endilgan al ciudadano Allende, como de qué manera el imputado reparará cada uno de ellos, teniendo en cuenta muy especialmente -para definir su gravedad y significación- el rol institucional que el encartado cumplía en el momento en que llevó adelante la comisión de cada uno de los delitos enrostrados y probados –sobre los cuales habría reconocido expresamente ser el autor material-, como de los bienes jurídicos tutelados, en los casos: la incolumnidad de la hacienda pública y su correcta y transparente administración, como la libre determinación de las personas, la cuestión de género y los derechos a informar libremente y a ser informados”, sostuvo.
Acuerdo
El próximo 1° de julio, el exdiputado provincial del peronismo y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, tiene turno en la Justicia para cerrar sus compromisos en Tribunales. Ese día se hará la audiencia para que se cierre -si es que los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa no ponen reparos- el acuerdo que ya rubricó su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, que dirige Jorge García. La novedad de la fecha de la audiencia de juicio abreviado la dio a conocer el sitio Análisis Digital. La audiencia será a las 9.

Allende firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares, y en el marco de la condena que se le impondrá -deberá ser refrendada por los jueces Chemez, Castagno y Canepa- tendrá que entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares). También reconoció el delito de negocios incompatibles con la función pública y por eso deberá pagar una multa de $3 millones. Además, se le impondrá una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.

La mansión del Parque Urquiza tendría ya un destino acordado: sería para que allí funcione el Consejo de la Magistratura, que preside el secretario de Justicia, Pablo Biaggini Allende, sobrino del exdiputado provincial.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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