El actual diplomático deberá dar una respuesta en el plazo máximo de 72 horas, según surge de una solicitud efectuada este lunes 27 por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Una de las posibilidades que tiene el exmandatario es presenciar el juicio de manera remota, a través de videoconferencia.
Las audiencias del juicio se realizarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná. La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Este lunes, la Fiscalía presentó una nota a la Oficina de Gestión de Audiencias de Tribunales para que por esa vía se le pida al exgobernador y otros dos imputados – al titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso y el exministro de Turismo Hugo José María Marso- que respondan si “estarán presentes en el juicio oral de manera presencial, o si de lo contrario lo harán de manera remota”.
Una respuesta también se le pidió a los demás acusados: Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
Cabe recordar que, en este caso, para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
Por otra parte, en la nota, el Ministerio Público Fiscal requirió autorización al Superior Tribunal de Justicia el Salón de Actos, “a los fines de la realización del contradictorio, teniendo en cuenta la cantidad de personas convocadas” en el marco de la pandemia de coronavirus.
Asimismo, el organismo acusador pidió al Área de Salud Ocupacional que informe con “carácter de urgente” el número máximo que “pueden estar presentes en dicho recinto en el lapso de una jornada de audiencia, teniendo en cuenta que el juicio contará con 19 jornadas de audiencias, que el Tribunal se encuentra integrado por tres (3) vocales, que también estará presente una (1) asistente, tres (3) representantes del Ministerio Público Fiscal, y que en caso de que tanto abogados defensores como imputados asistan presencialmente, el número es de catorce (14) personas, más los testigos que se convocarán diariamente, y personal de Informática”.
Solicitaron que en el informe se especifiquen las medidas de higiene y control sanitario que se “deberán llevar a cabo en dichas jornadas, teniéndose particularmente en cuenta el crecimiento de los casos de coronavirus en Entre Ríos, y particularmente en la ciudad de Paraná, circunstancia que nos obligará a tomar mayores recaudos a los fines de evitar el contagio por conglomerado”.
Finalmente, la Fiscalía también solicitó al Jefe del Área de Informática del Superior Tribunal de Justicia, Omar Pagliotto, que informe las posibilidades técnicas e informáticas para poder llevar a cabo en el Salón de Actos del STJ el debate oral.
Desde el órgano que dirige Jorge Amilcar García, pidieron específicamente que detalle cómo se procederá con la videograbación, puesto que el salón “no cuenta con sistema de videograbación inveniet”; “la forma en que se puede instrumentar un sistema de videoconferencia a los fines de que los imputados o defensores que se encuentren dentro del grupo de riesgo para Covid-19 o residiendo en otras ciudades dentro o fuera de la provincia, y/o residiendo en otros país, tal como Israel, puedan estar presentes de manera remota”; y que indique en que en caso de poderse implementar un sistema de videoconferencias en el mencionado salón, “cuántas personas puedan estar conectados en simultáneo en la sala virtual; además, pidieron conocer “si existe la posibilidad de contar con otro canal privado de videoconferencia para que los defensores que se encuentren en el contradictorio de manera presencial, puedan conferenciar privadamente con los defendidos que lo estén de manera remota; finalmente, pidieron, en caso de que se pueda instalar un sistema de videograbación en el recinto, “cuál es el tiempo de videograbación que se permite, y si se deben realizar interrupciones, en su caso, cuantas por jornada, para asegurar el resguardo digital de la audiencia”.
