Tal ejercicio de transparencia lo ayudaría a no encerrarse en tecnicismos, a evitar parapetarse tras un vocabulario jurídico, y a responder, ante casos concretos, la pregunta que realmente importa: ¿Está cumpliendo el Poder Judicial con su misión, o sea, imparte justicia?, ¿sí?, ¿no?, ¿más o menos?, ¿qué cambios debería introducir en su praxis para aproximarse a la meta que da razón a su existencia como institución?
Veamos, a manera de ejemplos, algunas decisiones adoptadas en los tribunales de Concordia, que el “sistema” haría bien en procurar explicar, no al periodismo ni al microclima de los expertos en derecho, sino a la ciudadanía que abona con sus impuestos los nada despreciables sueldos del Poder Judicial:
El acusado por robo calificado que quedó libre porque el fiscal no pudo llegar a horario
¿Es justicia que un acusado por robo agravado por el uso de armas –subió a un colectivo de la Línea 6 de Concordia y amenazó con un cuchillo al chofer y a los pasajeros- sea dejado en libertad con la excusa de que el fiscal de la causa no pudo llegar a horario a la audiencia porque estaba participando de otra que se extendió más de lo previsto?La lectura de la sentencia del magistrado Mariano Caprarulo, que rechazó una apelación presentada por el Fiscal José Arias contra la resolución del Juez de Garantías Mario Figueroa que dejó en libertad al detenido, revela que casi siempre hay “razones procesales” para explicar lo que ocurre en tribunales, incluso cuando se trate de visibles desatinos.
Pero seguramente Caprarulo se debe haber puesto por un momento en el lugar del ciudadano común, cuando, apartándose de los tecnicismos, insertó este llamativo párrafo, cargado de eufemismos: “Sin perjuicio de que no debo entrar en el fondo de la cuestión o la materia litigiosa, humildemente creo conveniente sugerir desde acá a los operadores judiciales, que prodiguen la mayor amplitud y eficiencia en la comunicación en el futuro para evitar este tipo de infortunios que conspiran contra una buena administración de justicia”.
Que un juez haya necesitado escribir estas líneas, ¿alcanzará para encender luces de alarma y obligar a revisar algunas cosas?, ¿o todo seguirá como si nada ocurrió?
Este periodista ha presenciado instancias en las que son los jueces los que llegan no dos o tres minutos sino media hora tarde o mucho más, a veces por la misma razón que Arias, porque están en otras audiencias que se extienden de manera imprevista, y en otras ocasiones sin justificativos que expliquen las demoras. ¿Hay mecanismos para reaccionar ante estos últimos casos? ¿O en los tribunales han hecho suya la original expresión que da nombre a una murga uruguaya: “Puntuales pa’ la tardanza”?
Las 10 velitas de una causa por presunta corrupción, que apenas “gatea”
¿Es razonable que una investigación por presuntos hechos de corrupción –la Causa Codesal Hotel Ayuí- insuma 10 años y que, encima, la última maniobra de la defensa para patear hacia adelante la elevación a juicio haya consistido en plantear que el caso nunca debió tramitar en los juzgados provinciales sino en los federales?Bienvenido que exista un particular celo por garantizar el ejercicio de la defensa, pieza clave del estado de derecho, pero ¿es admisible que después de una década se descuelguen con un argumento así? ¿Tanto tiempo les llevó “descubrir” la supuesta incompetencia? ¿Vale todo con tal de postergar hasta el infinito la coronación de un proceso judicial? Si se le diera la razón a la defensa del principal imputado, Luis Mazurier, habría que cerrar los tribunales y el último que apague la luz.
Este viernes estaba programado que el Juez Darío Mautone respondiera al planteo de la defensa de Mazurier, pero, por increíble que parezca, la audiencia se suspendió. ¿Por qué esta nueva postergación? Porque Osvaldo Sarli, el abogado del expresidente de la CODESAL, estaba en otra audiencia.
Ahora bien, suponiendo que de aquí a un año –con viento a favor- se realice el debate, y, en el caso de que Mazurier resultara condenado y la sentencia fuera apelada quedando en suspenso, ¿cuántos años más le llevará a Casación primero y al STJ después –si se llega en queja al máximo tribunal- confirmar o rechazar la condena inicial?, ¿5 años más?, ¿10 años más? ¿Habrá que esperar al 2030 para saber si el expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande es inocente o culpable de los delitos que se le atribuyen? ¿Se haría Justicia en tales plazos o se trataría más bien de una payasada?
Vale resaltar que no es el único ejemplo de las interminables “moras” en los expedientes. Veamos otros ejemplos.
El gremialista que lleva 1 año y 4 meses esperando ser juzgado por robo a mano armada, y mientras volvió a caer preso por un nuevo delito
El pasado 18 de julio, por orden de la Justicia, la policía detuvo al gremialista de la fruta Hugo De los Santos, acusado de formar parte de una megabanda que se dedicaba a toda clase de ilícitos, robos de mercaderías, tráfico de armas y drogas, promoción de la prostitución, etc.Pero a la noticia le faltaron párrafos de contexto que explicaran sus “antecedentes” del detenido, que hablan no sólo de él sino también del “sistema judicial”. Por empezar, De los Santos aguarda ser juzgado por un hecho que se le imputa, ocurrido el 13 de noviembre de 2017. Se trata del robo de un automóvil Renault Symbol, dentro del cual había un maletín con varios cheques y dinero en efectivo, además de otros elementos.
El pedido de remisión a juicio de De los Santos se concretó en noviembre de 2018 y fue aprobado en marzo de 2019. Desde entonces y hasta ahora, no sólo que no hay tribunal designado para juzgarlo. Ni siquiera hay fecha fijada para que comience el debate oral.
¿Cuántos años insumirá al Poder Judicial la nueva causa contra el gremialista, que justificó su reciente detención? ¿Saldrá nuevamente en libertad o la justicia de garantías entenderá esta vez que hay riesgo de que reincida?
El legajo de De los Santos tiene una primera mancha en diciembre de 2015, cuando se lo condenó, en juicio abreviado aprobado por el juez Darío Perroud, a tres años de prisión condicional por “Amenazas Calificadas y Portación de Arma”, hecho ocurrido el 31 de octubre de ese mismo año.
A pedido de un juez, filmó a un narco vendiendo drogas, pero otro magistrado anuló la prueba y lo liberó
¿Tiene alguna lógica que un juez de garantías, el Dr. Germán Dri, haya autorizado a un policía a disfrazarse de consumidor de drogas para filmar una operación de compra y, cuando regresa con el vídeo, otro magistrado, Francisco Ledesma, haya tirado por tierra todo su trabajo con la excusa de que al atravesar un portón para adquirir la cocaína el “agente” violentó la “privacidad” del transa?Para colmo, se sabía de antemano que para concretar la misión el policía debería traspasar una puerta, porque el dueño del “kiosco” entregaba los sobrecitos con cocaína unos metros más adentro, para evitar ser filmado desde la calle, como le había ocurrido en una anterior ocasión.
¿Alcanzan las cuestiones conceptuales del derecho para explicar tamaña burla hacia un agente que se ofreció como voluntario para cumplir una tarea en la que arriesgó su vida?
6 años para condenar a prisión al hijo de un exlegislador
El caso es tan intrincado que hasta los abogados no la tienen fácil para explicar sus vericuetos.En agosto de 2013, Federación se vio conmocionada por el robo a una conocida familia del lugar, los Leonardi. Por el hecho, fueron imputados Sergio Mesa, Cristian Wolfert y Martín Strassera, este último como “partícipe necesario”.
Debe ponderarse que tanto la instancia de investigación, ejecutada por el entonces fiscal de Federación, Francisco Ledesma, como el juicio en primera instancia, llevado adelante por un tribunal que presidió el Dr. Alberto Funes Palacios, se tramitaron en tiempos más que razonables. Prueba de ello es que la sentencia es de Septiembre de 2014. Obviamente, la defensa del hijo del exsenador Héctor Strassera apeló y la condena a prisión quedó en suspenso.
Casi un año después, el 30 de julio de 2015, la Cámara de Casación Penal de Paraná no hizo lugar a los recursos interpuestos por el Dr. Jorge Romero, Defensor de Strassera, con el Patrocinio Letrado del Dr. Raúl Barrandeguy.
Pero Romero y Barrandeguy plantearon de inmediato una “impugnación extraordinaria” en fecha 28 de agosto de 2015, que Casación denegó.
El 1° de octubre de ese mismo año, el Superior Tribunal de Justicia pidió el expediente porque los defensores presentaron queja por recurso denegado.
El STJ se tomó su tiempo para finalmente ponderar que la condena de 5 años de cárcel para Strassera era excesiva, porque era igual a la que se le había impuesto al autor del robo. El expediente regresó entonces a la Cámara de Casación, para que le imponga nueva pena. Pero en julio de 2018, la Cámara de Casación decidió ratificar los 5 años de cárcel.
Como no podía ser de otra manera, los defensores nuevamente presentaron impugnación extraordinaria ante el STJ y recién en junio del 2019 el máximo tribunal confirmó la pena.
¿Terminó allí la historia? De ninguna manera. Faltaba el último capítulo: Romero y Barrandeguy elevaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que fue denegado en noviembre de 2019.
Recién ahí la condena quedó firme y Strassera quedó detenido. Desde el ilícito del que fue “partícipe necesario” hasta el momento en que la condena quedó firme pasaron ni más ni menos que 6 años.
¿Le insumirá al Poder Judicial similar cantidad de años resolver la situación de Julio César Larrocca, presidente de la Liga de Fútbol de Concordia, condenado en primera instancia a 5 años de prisión en mayo de 2018, por la causa de los terrenos de Puerto Yeruá, pena que quedó en suspenso mientras tramita la apelación? ¿Cuántos años aparte de los 2 ya transcurridos le demandará a Casación y al Superior Tribunal ratificar o rectificar la sentencia condenatoria? Al parecer, el expediente entró en una especie de “limbo” a la espera de que los vocales del Superior decidan respecto de un planteo de “cosa juzgada” que hicieron los abogados defensores, apoyándose en un antiguo dictamen del entonces Fiscal Jorge Suñer, quien, ante una presentación del propio Larrocca, sin haber investigado los hechos y teniendo sólo a la vista los papeles que le presentó el presidente de la Liga de Fútbol de Concordia, concluyó que no había delito en la “venta” de los terrenos a precios ridículos.
¿Por qué en dos años el STJ todavía no pudo dar respuesta a un planteo que, durante el juicio, el tribunal integrado por Ivés Bastián, Carolina López Bernis y Silvina Gallo desechó sin titubear y por unanimidad? ¿Cuánto tiempo le llevará resolver a los vocales ? Y si desecha el recurso, ¿cuánto más necesitará Casación para decidir si ratifica la condena a 5 años de prisión?
