La novedad más reciente es que este martes –desde la Unidad Fiscal de Colón- la Dra. Micaela Di Pretoro presentó un escrito pidiendo se haga efectiva la restitución del inmueble dictaminada en junio de 2019 por la jueza de Garantías Natalia Céspedes y ratificada al mes siguiente por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. María Evangelina Bruzzo, luego de una apelación. El terreno en cuestión es de aproximadamente 10 hectáreas y fue donado para la construcción de un hospital zonal. Sin embargo, permanece ocupado desde mayo de 2018 por personas oriundas de Misiones. En torno a este hecho se han investigado diversos delitos –entre ellos la trata de personas, la explotación laboral y la usurpación- dándose intervención al Juzgado Federal.
“Se hicieron constataciones a lo largo de la investigación y se le imputó a las personas que viven allí el delito de usurpación”, agregó.
“A raíz de eso la jueza de garantías dictó una resolución en donde dispone la restitución del inmueble, y como hay menores también dispuso que se haga dentro de 60 días desde que adquiera firmeza. Esa resolución se apeló y la Dra. Bruzzo la confirmó con los mismos fundamentos que la juez de Garantías”, explicó la fiscal. Mientras, el 1° de agosto de este año, las familias que habitan el lugar –junto a la Unión Trabajadores de la Tierra- formalizaron mediante asamblea la constitución de la Colonia Agroecológica "La Misión".
Venta ilegal
La solicitud de restitución presentada por la Dra. Di Pretoro este martes se funda en que “los titulares del inmueble (Estado Provincial y Arzobispado) han llevado a cabo innumerables tratativas de solucionar el conflicto, lo que no tuvo éxito”.“Si bien en su oportunidad se había otorgado un plazo de 60 días para la ejecución de la medida, a la fecha, ese plazo se encuentra vencido en función de que se ha intentado arribar a una solución pacífica y ordenada del conflicto, teniendo en cuenta que en la misma hay menores”, agrega.
En otro párrafo de la solicitud, la representante de la Fiscalía destaca que en el último tiempo “la situación ha empeorado, ya que se ha tomado conocimiento fehaciente de que los propios imputados se encuentran vendiendo lotes de manera ilegal”, lo que surge del informe realizado el 13 de agosto por el Área de la Niñez, Adolescencia y Familia de San José junto al Equipo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, el cual fue adjuntado.
“Solicito se libre oficio para que se ejecute el lanzamiento de la medida y de esa manera se dé acabado cumplimiento a la orden dispuesta”, finaliza el escrito.
Este viernes tendrá lugar la audiencia en la cual se espera una resolución al respecto.
