El planteo irresuelto
Todo comenzó con un planteo del empresario Germán Buffa, quien está acusado junto a Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en una causa por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El empresario está señalado como partícipe primario.
Buffa desencadenó un verdadero enredo judicial: dos jueces deben resolver si prosperan las inhibiciones de dos colegas, que a su vez fueron designados para analizar la recusación contra otros dos magistrados del expediente original del mega juicio a Urribarri.
Hace 10 días se está a la espera de que se expidan los vocales de Concepción del Uruguay, Rubén Alberto Chaia y Mariano Martínez.
Historia de las recusaciones
Todo comenzó cuando el empresario Buffa recusó a los jueces Jorge María Chemez y María Carlonia Castagno quienes, junto a Elvio Osir Garzón, definieron unificar tres causas en un solo juicio haciendo lugar al pedido de los abogados defensores de los diferentes acusados. Se acumularon la causa del “Sueño Entrerriano”; la “de la vaca”; y la de la pauta otorgada a Buffa en 2011.Buffa los recusó porque ambos habían intervenido en la causa en la que él está imputado junto a Urribarri y Báez. El recurso lo interpuso su abogado José Velázquez.
La causa del “Sueño entrerriano” iba a comenzar el 18 de agosto, pero se suspendió cuando los abogados defensores de los acusados pidieron la unificación de las causas porque entendieron que existe una conexión entre todas ellas.
Chemez y Castagno se opusieron a la recusación, entonces la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial designó a dos jueces que debían zanjar la discusión: Carlos Ríos, Juez de Transición N° 1 de Paraná; y Pablo Barbirotto, Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná. Sin embargo, estos dos se inhibieron de intervenir: el primero dijo que conocía a Buffa, ya que habían compartido algún que otro partido de fútbol; mientras que el segundo alegó que fue novio de la expareja del empresario acusado.
De modo que la OGA debió nombrar otros jueces para que analicen si esos argumentos son suficientes para el apartamiento. Al agotarse los jueces de la costa del Paraná para tratar la inesperada situación, el Superior Tribunal de Justica indicó al organismo –luego de que este advirtiera que ya no quedaban jueces para nombrar en Paraná- que correspondía integrar el Tribunal para resolver las inhibiciones de Ríos y Barbirotto, con los señores vocales de Concepción del Uruguay, Dres. Rubén Alberto Chaia y Mariano Martínez.
La disposición es del 27 de agosto, y desde entonces ambos jueces no se han expedido sobre el particular caso de las inhibiciones. Así las cosas, hasta que no se zanjen estas discusiones paralelas, no se podrá saber si prosperan o no las recusaciones contra Chemez y Castagno, los magistrados que votaron a favor de las acumulación de juicios de Urribarri y compañía.
La causa de Buffa, Urribarri y Báez
En este caso se investigó la supuesta contratación amañada de la empresa Global Means SA., del empresario Buffa, por un monto de $118 mil en concepto de publicidad. Ello ocurrió en julio de 2011, cuando Sergio Urribarri era gobernador y Pedro Báez estaba al frente de la Dirección General de Información Pública del Gobierno (luego pasó a llamarse Ministerio de Cultura y Comunicación).En el expediente, se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011 “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nª 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicad en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012”.
“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”.
La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. El juez de Transición Gustavo Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa el 28 de febrero de 2018. La resolución fue apelada por los defensores y el 27 de abril la Cámara de Juicios y Apelaciones confirmó los procesamientos.
El 14 de mayo de 2018 el juez Maldonado solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez. El expediente no fue tratado en Comisión ni en la Cámara Baja.
Esta investigación tenía fecha de juicio para octubre de este año, pero fue unificada para que se haga junto a otros dos casos de relevancia política: la del financiamiento de la campaña presidencial de Urribarri (El Sueño); y la distribución de publicidad a favor de empresas vinculadas al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera (causa de la vaca).
