Como ejemplo, mencionó que el rumbo “es el que marcó el Congreso de la Nación al sancionar el aporte de las grandes fortunas sobre el cual el Ejecutivo nacional está dando pasos para su reglamentación definitiva”. De este modo “a los que más tienen se les pide un esfuerzo adicional para afrontar la crisis que generó la pandemia”, sostuvo.
Luego, precisó que es fundamental reestructurar el impuesto a las ganancias y a los bienes personales para adecuarlos a una estructura tributaria más “progresiva y equilibrada” y que el IVA es “un impuesto regresivo que afecta al consumo de los sectores más desposeídos”.
También citó que Entre Ríos debe “discutir” el gravamen “sobre las tierras rurales destinadas a la producción agrícola y ganadera, que genera recursos en dólares a propietarios, arrendatarios y pooles de siembra y que tiene un impacto relativo en la recaudación provincial”. “El impuesto a la tierra es el más democrático de todos”, alegó.
“Si se lo compara al inmobiliario rural con el impuesto inmobiliario urbano y suburbano, resulta que el Fisco provincial recauda más cobrándole a la gente por la casa donde vive que a quienes obtienen una renta por la explotación de sus campos”, señaló. En concreto, citó que según publicaciones especializadas el inmobiliario urbano sumó durante 2020 una recaudación de 2,9 mil millones de pesos mientras que el rural aportó sólo $ 2,7 mil millones, ocupando el cuarto lugar en el esquema de recaudación entrerriana.
Loggio profundizó el concepto alertando que el principal impuesto provincial “es el tributo sobre los ingresos brutos, que encarece el costo final que paga el consumidor por productos y servicios”.
“El debate – puntualizó – debe ser serio y desprovisto de lógicas inconducentes de suma cero con las cuales no se llega a ningún lado. Se trata de lograr una estructura fiscal equilibrada que cobre más a los que más tienen y que no sea confiscatorio para los sectores populares”, aseguró.
Finalmente, señaló que otro punto de la agenda pasa por “revertir definitivamente” decisiones mal tomadas de los ’90 como fue la liquidación de las Líneas Marítimas del Estado. “La Hidrovía Paraná – Paraguay genera más de u$s 3.500 millones al año en fletes y ni un centavo llega al Tesoro Nacional o a los de las provincias para sustentar políticas de desarrollo e inclusión”, completó.
