A la hora de fundamentar la recusación del hermano diputado, Fiorotto asegura que “en aras de la transparencia e imparcialidad que debe prevalecer en el presente proceso de Juicio Político”, se lo debe separar de toda actuación.
Adelantándose a la posibilidad de que su pedido sea resistido apelando a la letra del artículo 144 de la Constitución de Entre Ríos, allí donde hace "inadmisible en todo el trámite de juicio político la recusación de los integrantes de ninguna de las cámaras intervinientes”, Fiorotto aclara que dicha inadmisibilidad tiene por propósito garantizar un proceso “sin incidencias ni dilaciones, pero de ningún modo está admitiéndose una irregular actuación de alguna persona a quien claramente le comprendan las generales de la ley, en este caso, por ser hermano”.
A renglón seguido, hace notar que la incompatibilidad del Diputado Sergio Castrillon se puede resolver con una simple decisión de Ángel Giano, que lo excluya, “solo para el presente caso”, de ser miembro de la comisión que conducirá el proceso, sea que lo reemplace o solo lo aparte.
Por si hiciera falta brindar más argumentos acerca de la “incompatibilidad manifiesta” de alguien para juzgar a su propio hermano, Fiorotto trae a colación el artículo 37 de la Constitución de Entre Ríos, allí donde dice que los funcionarios deben “abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero”.
Los últimos párrafos de este escrito, que ingresó a la cámara baja a media mañana de hoy lunes, exponen la preocupación por evitar que haya “dilaciones” que impidan avanzar con las formalidades del Juicio Político, con la excusa de que el acusado, por razones de salud, se vea imposibilitado de ejercer su derecho a la defensa. “Se ha hecho público –explica Fiorotto- que el Dr. Emilio Aroldo Eduardo Castrillon ha sido citado a declarar como imputado en la ciudad de La Paz, por un incidente que motiva investigación de supuesta comisión de daño y amenazas por parte del mismo. Se sabe también que habría presentado un certificado médico para justificar su no comparecencia ante la autoridad judicial”.
“Pues bien –continúa-, es de público conocimiento que hasta los últimos días Castrillon ha ido a su despacho del STJER. Si se tiene en cuenta las disposiciones de los Art. 142 y 143 de la Constitución Provincial, y dado que la Comisión de Investigación debe realizar toda su tarea en el término perentorio de treinta días, garantizando la participación y el derecho a ser oído por parte del acusado y contestar preguntas (142), solicito desde ya que tal derecho se garantice por el procedimiento usado en estos últimos meses debido a la pandemia: la video conferencia, zoom o comunicación a través de dispositivos electrónicos”.
En el último párrafo, insiste con el planteo: “Pido que sea respetado el derecho que tiene la ciudadanía a que se investigue y se lleve a cabo el proceso de enjuiciamiento sin darse lugar a dilaciones que hoy pueden y deben ser salvadas con los medios electrónicos vigentes, a través de los cuales realizan actos válidos desde el Presidente de la República, los Jueces penales y de todos los fueros y la propia Cámara de Diputados que ha sesionado sin problema alguno”.
