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La particular investigación periodística financiada por la multinacional IPPF con el fin de “cazar” militantes Pro Vida, sigue dando que hablar. La llamada “Reacción conservadora” encabezada por los militantes “verdes” Ingrid Beck, Soledad Vallejos, Florencia Alcaraz, Juan Elman, Paula Hernández y Paula Rodríguez, tenía algunos entrerrianos como parte de su lista.

Paola Guía es sindicada como presidenta de la Red de Familias Entrerrianas (cargo que desde la institución sostienen que no existe). “Tiene mucha presencia en las redes sociales en contra del aborto y la ideología de género”, señalan, además de recordar que “expuso en el Congreso, en 2018, contra la legalización del aborto”.

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Otro de los perfiles analizados es el del Padre Leandro Bonnin, sacerdote de la diócesis Paraná. “Durante 2020 estuvo muy activo en las redes sociales convocando y participando de las manifestaciones. Escribe artículos en contra del aborto y la ideología de género”, comentan.

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“Persecución ideológica”
Leandro Jacobi practica la religión evangélica, es abogado, docente y militante político.

Con algunos errores, el equipo de periodistas realizó su presentación en la cuestionada plataforma.

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En diálogo con El Entre Ríos, aclara: “No voy a la iglesia Vivir es Cristo ni presido la ONG Gobernar Bien, aunque concurrí un par de años”.

“Preocupa la sistematización de datos, georreferencia, la vinculación a cuestiones muy sensibles y violación de los datos personales”, opina sobre el accionar de “Reacción conservadora”.

“Frente a la violación de leyes como la de Protección de Datos Personales o de actos discriminatorios, varios de los damnificados están analizando en generar ciertas acciones”.

“La generación de ‘listas negras’ llevó a esta reacción de la sociedad, siendo el domingo tendencia en Twitter, por encima del inicio de la Copa América. Está claro que la gente no quiere este tipo de manifestaciones que tienen que ver con la persecución ideológica”, comenta”.
Un legislador
El Diputado Nacional Gustavo Hein (Juntos por el Cambio/PRO) no estuvo exento de integrar la lista de “personas no gratas” para este grupo de periodistas.

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Como pate de su currículum, mencionan que “fue candidato a vicegobernador en la fórmula que encabezó Atilio Benedetti, diputado de la Unión Cívica Radical que en 2018 votó en favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fue intendente de Basavilbaso, Entre Ríos, hasta 2019 y presidente del Pro en su provincia”.

“En 2017 denunció que ‘peronistas’ quisieron balearlo y fue desmentido por dirigentes de su partido. En 2019 le incendiaron el auto. Una ex funcionaria lo acusó de violencia”, mencionan.

Y finalizan diciendo que “en 2020, antes de la pandemia, presentó un proyecto de Protección integral de la persona embarazada y de los niños por nacer”.
El médico que se volvió bandera de “grupos antiderechos”
Después de un 2020 en que su imagen y su discurso estuvieron fuertemente asociados a los militantes “celestes”, el Dr. Leandro Rodríguez Lastra era otro infaltable en la “lista negra”.

El médico ginecólogo que recibiera una condena en Río Negro por su práctica médica a una joven que deseaba abortar, aparece en el informe vinculado a Entre Ríos debido a una propuesta laboral que en un principio se vio truncada por las trabas que puso a su matrícula el Ministerio de Salud comandado por Sonia Velázquez. “En 2019, en las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Leandro Rodríguez Lastra fue precandidato a diputado por Democracia Cristiana en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no consiguió el piso del 1,5% de los votos para participar en las elecciones del 27 de octubre”, mencionan de su fase política.

Sobre el polémico caso que lo llevó a juicio, dicen: “En 2017, como jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, en Río Negro, no solo obstruyó un aborto con medicación en curso de una joven, sino que la retuvo dos meses en el hospital, le suministró la medicación para interrumpir el aborto sin informarle y, finalmente, le practicó una cesárea. Fue condenado en 2019 a 2 años y 4 meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y un año y dos meses de prisión en suspenso”.

“Su caso se volvió una bandera para los grupos antiderechos y él se transformó en orador en distintas charlas y encuentros. Su abogado, Damián Torres, cuenta desde su perspectiva su historia en el libro Cuando salvar vidas se convirtió en delito, distribuido por Buena Data”.

Finalmente se refieren al desembarco del galeno en nuestra provincia: “Rodríguez Lastra está radicado en Gualeguaychú desde octubre 2020 y trabaja en una clínica privada. El Ministerio de Salud de Entre Ríos le concedió matrícula para ejercer en esa provincia”.
Fuente: El Entre Ríos

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