La definición la tomará la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, aunque se trata de un asunto menor: hay una cuestión de competencia con la Justicia Federal para seguir adelante con ese caso, y ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la instancia que zanje la discusión. Es la tercera fecha que se pone para ese trámite de resolución del planteo recusatorio. La primera fecha fue el 25 de junio, pero esa vez fue suspendida; después, se corrió para el 4 de agosto, y de nuevo una postergación; ahora, es el miércoles 11. La recusación fue presentada a principios de junio por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.
Al plantear la recusación, en líneas generales, los letrados invocaron una violación del principio de objetividad en el escrito de remisión a juicio. Algunos cuestionaron el rol que tuvieron en 2019, cuando se conoció que la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche –quien se apartó del caso– compartió un fideicomiso y una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.
Tras el rechazo por escrito, ahora se realizará una audiencia donde el jefe de Fiscales, Jorge García, y la fiscal de Coordinación, Mónica Carmona, deberán discutir el asunto en audiencia.
Remisión a juicio
A principios de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y solicitaron a la jueza de Garantías la elevación de la causa a juicio.Sin embargo, un mes después, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso, declaró la competencia de la Justicia Federal para entender en la causa y requirió el expediente a la jueza Barbagelata.
La resolución de la recusación de los fiscales Yedro y Aramberry sucede luego de que el caso tiene remisión a juicio –todavía no resuelto por la jueza Barbagelata– y que se planteara, además, una cuestión de competencia con el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien sostiene que se trata de delitos federales los que se investigan por cuanto se trata de financiamiento de la política.
