El paro “es en reclamo a la inmediata restitución y aplicación integral de la Ley 10.068 que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que fuera suspendida por un año por la ley de emergencia provincial. El gobierno en un acto de manifiesta ilegalidad ha derogado de facto nuestra ley salarial con un decreto por lo que los trabajadores y trabajadoras judiciales reclamamos se nos liquide lo que corresponde”, expresaron desde AJER. Asimismo el plenario resolvió realizar las consultas para iniciar las acciones legales correspondientes.
El plenario manifestó: “La ley 10.068 de enganche con los aumentos de la Corte no es un capricho ni un privilegio, es un mecanismo que garantiza la independencia del poder judicial, uno de los principios básicos del sistema democrático. Y su aplicación no solo evitó conflictos con los otros poderes del Estado y un funcionamiento ininterrumpido durante los casi 10 años de vigencia, sino que estableció aumentos equivalentes a los otorgados por el gobierno al resto de la administración pública sin ningún conflicto, por lo que pretender derogarla es un verdadero acto de irresponsabilidad”.
“Reclamamos que el gobierno recapacite y revea esta decisión, no solo equivocada sino ilegal, y nos permita volver a nuestras tareas con normalidad”, manifestaron finalmente.
