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Este lunes, la Cámara de Casación Penal ingresó un recurso de queja, impulsado por la Procuración y la defensa del exdiputado provincial del PJ y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende.
¿Por qué un recurso de queja?
Se trata de una vía excepcional por la cual se busca insistir con un acuerdo de juicio abreviado que ponga fin a las cuatro causas penales que tiene abiertas en la Justicia el dirigente que fue presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El recurso de queja sobrevino luego de dos decisiones: el 5 del actual el juez de juicio Elvio Osir Garzón rechazó el acuerdo de juicio abreviado impulsado por los fiscales Álvaro Piérola, Laura Cattáneo y Leandro Dato y los defensores de Allende, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.

El miércoles 18, además, el magistrado rechazó la apelación que había presentado contra esa resolución la Procuración y la defensa del exlegislador peronista. En 2020 un tribunal colegiado ya había rechazado el abreviado, y entonces el caso llegó a Casación, que anuló esa decisión y mandó realizar una nueva audiencia. Esa nueva audiencia se hizo ante Garzón, que dictó un segundo revés.
4 causas penales
José Ángel Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.
Intentos de cerrar acuerdos
Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones.

La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal. El 30 de diciembre último ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado y habilitó una nueva instancia, que empezó el jueves 29 de julio ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón.

El acuerdo entre Fiscalía y defensa establecía que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.

Al rechazar el abreviado, el juez Garzón reprochó por “errónea” la calificación como amenazas simples que efectuó el fiscal Leandro Dato a la causa que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, le inició a Allende por actos de violencia de género e intimidación de la que fue víctima desde el inicio de la gestión. «Más allá del expreso reconocimiento de Allende, del material probatorio colectado plasmado en el juicio abreviado y presentado por el fiscal Leandro Dato, queda acreditada de manera irrefutable que este hecho se enmarca en el delito de coacciones agravadas», señaló el juez.

Garzón revisó cada uno de los pasos dados en esa causa por el Ministerio Público Fiscal, releyó los testimonios de los testigos, detalló los pasos que dio el fiscal Dato y tomó en cuenta “el contundente informe” favorable a la víctima producido por la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, que firmó la actual Defensora del Pueblo de Paraná, la abogada Marcia López.

“Allende intentó quebrar la voluntad de Velázquez mediante actos de hostigamiento”, dijo Garzón y se alarmó por la ausencia de perspectiva de género en el tratamiento del caso. “Las normas nos exigen resolver con perspectiva de género”, planteó. “Luce patente que tal como está descripta la conducta de Allende, nos encontramos frente al delito de coacciones y no de amenazas simples, ya que claramente se imputa amenazas para obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad”, planteó el magistrado.

Recordó al respecto que el exlegislador provincial, “en un contexto de género, accionó contra la ministra de Salud de la Provincia con el propósito de lograr la remoción de la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, y el mantenimiento de la coordinadora de Salud de Nogoyá”. La frase de Allende fue: “Si tocas a la coordinadora de Nogoyá, te prendo fuego Nogoyá”.

Ahora, la suerte del abreviado lo tiene otra vez la Casación, aunque no podrán intervenir los jueces que integran el tribunal de Paraná, que ya resolvieron sobre el caso Alle
Fuente: Entre Ríos Ahora.

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