Los judiciales demandan al Gobierno la aplicación de la Ley N° 10068, que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.
Bordet respondió que esa ley estuvo suspendida mientras estuvo vigente la Ley de Emergencia Solidaria, hasta junio último. Pero desde entonces volvió a aplicarse, aunque negó el reclamo de los empleados judiciales: que haya una instrumentación de forma retroactiva y se ajusten los salarios con la escala de haberes que fija la Corte.
En diálogo con la prensa, el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak, señaló: “El Gobierno provincial, a través del Ministro de Economía, nos aseguró que una vez finalizada la emergencia se iban a aplicar los porcentajes que la Corte hubiese otorgado, menos los que la Provincia pagó durante ese período. Eso reclamamos y es lo que no se cumplió”.
“El Gobernador dice que somos privilegiados, pero para nada lo somos. En el Poder Judicial trabajan actualmente más de 2500 personas, contando empleados, funcionarios y magistrados en toda la provincia. Se cubren organismos jurisdiccionales de más de 50 localidades a lo largo y ancho de Entre Ríos. No se crea ningún cargo nuevo si no viene acompañado de su correspondiente presupuesto; y se ingresa al Poder Judicial y se asciende a través de concursos. En pandemia estuvimos trabajando y, de acuerdo a los datos estadísticos que el mismo Poder Judicial publicó, el nivel de trabajo fue igual o superior a años anteriores”, agregó.
En esa línea, afirmó que los trabajadores no “tenemos sueldos de privilegio” y lamentó que el gobernador no haya accedido a una audiencia para discutir la situación.
