Aquí, la carta:
Precariedad institucional en el Poder Judicial entrerriano: la chicana para seguir ocupando cargos transitorios“Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos” (Charles Bukowski)
La queja de algunos concursantes (probablemente todos miembros del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial) que presentaron una nota ante el Consejo de la Magistratura a propósito de los concursos que se rendirán los días 14 y 15 de diciembre, solo demuestra la normalización que tienen “los judiciales” del trato preferencial y privilegiado que creen merecer, frente a determinadas situaciones.
Es que, han defendido acérrimamente su petición de prorrogar las fechas de exámenes, alegando derechos y garantías, la mayoría de las veces olvidados en los pasillos tribunalicios, a saber: el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública; la igualdad y no discriminación, el trato igualitario y la transparencia para el acceso a los cargos públicos.
Lo bueno de todo esto, es que al menos saben que esos derechos y garantías existen. Sin embargo, el hecho de que “un grupo de concursantes” haya solicitado al Consejo de la Magistratura (órgano independiente) que cambie las fechas fijadas, deja plasmado al “Corporativismo Judicial” en su máxima expresión, y constituye además, un claro estorbo a la regularización en el nombramiento de cargos judiciales, para dar fin a tantos interinatos y subrogancias, que en algunos casos tienen más de cinco años.
Pareciera que lo que se pretende es, en definitiva, que se prorrogue indefinidamente los interinatos y subrogancias; cuestión ésta sí, que atenta contra la verdadera independencia judicial que se viene reclamando en los últimos días a propósito del pedido de Jury a la Fiscal Adjunta Cecilia Goyeneche, por propios y ajenos al Sistema de Justicia.
Pero, con mucho acierto, los Consejeros llamaron a los concursantes –muchos de los cuales ya son funcionarios judiciales, por si acaso- a reflexionar en la “Responsabilidad ciudadana y compromiso funcional”.
Concretamente, dice el aparatado: “Que, no puede dejar de advertirse que los y las recurrentes se encuentran, en su gran mayoría, desempeñándose de manera interina en los mismos cargos cuya cobertura constituye el objeto y la finalidad de los concursos públicos Nº 232, 233, 234, 235, 236 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 y 245. Esta circunstancia evidente debe generar una reflexión de todos los interesados en el sentido de la responsabilidad ciudadana y compromiso funcional que les cabe respecto a la remoción de esa severa y dilatada situación de precariedad institucional que el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos padece”.
Por otra parte, no es menos cuestionable la queja sobre la acogida favorable que tuvo la solicitud de dos concursantes embarazadas, que en caso de ser necesario, contemplen la posibilidad de rendir en otro momento.
Y resulta cuestionable porque se está concursando para cargos de “auxiliares fiscales” y “jueces de garantías”; y quienes ocupen estos cargos, deben tener perspectiva de género en su accionar.
Por eso resulta llamativo que esta “perspectiva de género” no haya sido tenido en cuenta al momento de realizar tan polémica petición, en donde la voracidad por ganar un cargo, se lleva puesto el respeto por los derechos de las mujeres, que en el caso concreto, se encuentran cursando un embarazo.
La prórroga del concurso, no cambiaría en nada, porque nada aseguraría que más adelante no haya otras mujeres concursantes en idéntica situación.
Con lo cual el desafortunado planteo de algunos concursantes de que ellas “tendrían más tiempo para estudiar”, no sólo es un caso concreto de discriminación hacia la mujer –que al menos en lo que respecta a la discriminación por embarazo o período de lactancia, creía erradicado-, sino que además genera rechazo y también alarma, de que sean algunos de ellos los que luego tengan que juzgarnos.
Por último, y a propósito de la exigencia de acudir a rendir con computadoras propias (que hoy tiene un valor al menos de $130.000), entiendo que es sólo una demostración de que el Poder Judicial es para unos pocos; y cuando digo “unos pocos”, digo miembros del Poder Judicial, o personas económicamente pudientes…
Clarisa Marano Roude
clarisa.marano@gmail.com
