En ese marco, durante la mañana se discutió un documento que tuvo aprobación unánime de los presentes al cierre de la jornada, luego de analizar y votar párrafo por párrafo.
En el texto, se cuestionó “la decisión por mayoría del Jurado de Enjuiciamiento de abrir el jury a la procuradora Adjunta y Fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, suspenderla en sus funciones y desplazar la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la acusación para disponer que la realicen conjueces que ejercerían de fiscales ad hoc en este juicio” y lo consideraron un “grave atropello a las instituciones de la provincia, que significan un quiebre al orden constitucional” por lo que expresaron “el más enérgico repudio”.
“Esta grave situación, que devela una clara intención de disciplinar a los operadores judiciales, a jueces y fiscales, con el mensaje de que el poder político perseguirá y destituirá a quienes lo investiguen, a la vez que nombrará comisiones especiales para acusarlos buscando su destitución, nos pone en estado de alerta y en la obligación de dejar en claro como magistrados y funcionarios, varios puntos”, advirtieron.
Criticaron, entre esos planteos, que “el Tribunal de Enjuiciamiento no obró dentro de sus funciones, sino que se excedió, quebrantó el marco legal constitucional vigente, ejerció facultades que no tiene y creó un órgano acusador para el caso”
