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Gerardo Caruso, Hugo Marsó y Emilio Fouces.
Gerardo Caruso, Hugo Marsó y Emilio Fouces.
Gerardo Caruso, Hugo Marsó y Emilio Fouces.
El defensor Emilio Fouces, que representa los intereses del exministro de Turismo Hugo Marsó y del empresario Gerardo Caruso, abrió los alegatos defensivos pasadas las 16 de este miércoles, en el marco de la etapa final en el megajuicio por corrupción. El abogado aseguró que la causa por la instalación del Parador en Mar del Plata -a partir de la cual el Ministerio Público Fiscal acusó la sustracción de una partida mayor a los 14 millones de pesos de las arcas del Estado provincial, con el objetivo velado de promocionar la precandidatura a presidente del exgobernador Sergio Urribarri-, adolece de pruebas. En ese sentido, habló de “mito” y “fábula” de la acusación pública, a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

Cabe recordar que el jueves pasado, Ramírez Montrull sostuvo las acusaciones contra Urribarri, Marsó, Caruso, el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera, y la contadora Corina Cargnel.
Sobre el inicio de la investigación por la instalación del parador playero en enero de 2015, Fouces apuntó contra el medio Análisis. Dijo que “en una revista de la zona se publicó en tapa una foto” y a raíz de eso se hizo una denuncia que abrió la Investigación Penal Preparatoria. Afirmó que a lo largo del proceso, Fiscalía cambió los hechos acusados. Subrayó que el parador playero tuvo el sencillo objetivo de promocionar el turismo de la provincia de Entre Ríos. Repasó los testimonios del presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; y del empleado del área de Turismo de la provincia y amigo personal de los hijos de Urribarri, Alfredo Bedriñán.

Se quejó de la probation otorgada a Jorge Corcho Rodríguez en otra causa -la que investigó la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur- y cuestionó que a uno de sus representados -el empresario Caruso- no se le haya permitido alcanzar una suspensión de juicio a prueba.

Negó la simulación de competencia de empresas para la licitación del parador, acusada por Fiscalía. Citó la absolución de febrero del 2020, en una causa contra el fallecido exintendente paranaense Sergio Varisco y parte de su equipo, también por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado.

En el transcurso de su exposición, mostró videos promocionales del parador de Mar del Plata, admitidos como prueba en el legajo; documentos extraídos del disco externo; y el acta de secuestro de ese dispositivo electrónico, entre otros. Arremetió contra el procedimiento que permitió el hallazgo del aparato -que Fiscalía calificó como la “caja negra” que contiene información incriminante-, y contra el informe del contador Héctor Enrique, dependiente del Ministerio Fiscal.

Al salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, donde se desarrolla la audiencia desde el 27 de septiembre pasado, asistieron también los abogados defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Juan Antonio Méndez; Miguel Cullen; José Velázquez -el único del equipo que se ausentó fue Ignacio Díaz- y la imputada Corina Cargnel.

También estuvieron presentes los tres fiscales que llevan adelante las acusaciones: Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Y el tribunal compuesto por los vocales José María Chemez; Elvio Garzón y Carolina Castagno. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9. La jornada se dividirá en dos tramos de tres horas. Será el momento de los defensores Velázquez y Díaz, quienes alegarán sobre lo que se conoce como causa de las imprentas.
Pedido de absolución
El abogado Fouces pidió la absolución de Caruso y Marsó en el marco de la causa parador de Mar del Plata. Reclamó a los jueces que en la sentencia, salven el buen nombre y honor de sus pupilos. El alegato que se extendió más de tres horas, desarrolló ejes que venían siendo expuestos a lo largo de las jornadas de juicio.

“Luego de cinco meses de debate estoy más convencido que no existen elementos para una sanción de mis representados, así como no existen elementos para que hayan sido sometidos a este debate, desde hace varios años”, comenzó y anunció que sería “muy crítico” con el Ministerio Fiscal por la investigación y acusación.

“En septiembre se hicieron anuncios grandilocuentes, a mis defendidos se los trató de traidores a la patria, de delincuentes, de ser parte de organizaciones criminales. Fue una bolsa llena de promesas incumplidas porque no se conmovió el estado de inocencia de mis representados”, pronunció.

“La investigación comenzó en base a un titular, a una foto, hablo de la causa del parador. Comenzó con una foto que se decía que fue la insignia de un evento que desarrolló la provincia de Entre Ríos, en enero de 2015 en Mar del Plata. En base a esa foto que fue tapa de una revista de la zona, se presentó una denuncia y la Fiscalía abrió una investigación”, apuntó de ese modo al medio Análisis y la foto del parador con la gigantografía de Sergio Urribarri, imagen que se hizo bajar antes de la inauguración del parador. “Después se demostró que esa foto nunca estuvo en ese parador, pero la Fiscalía continuó con la acusación. Acá se está juzgando esa foto porque el Ministerio Público Fiscal, cuando pidió la elevación a juicio, argumentó que el fin del parador no fue promocionar el turismo provincial”, agregó.

Más adelante aseveró que “la acusación es endeble e injustificada” y que el Ministerio Fiscal “cambió el hecho” a lo largo del proceso. “El Ministerio Público Fiscal propuso una hipótesis rebuscada, si consideran que el objetivo del parador fue promover la imagen de Urribarri, debió haberlo demostrado. Pero el parador funcionó durante 30 días y no dijeron cuáles fueron los actos de proselitismo”, desafió después y exhibió videos oficiales que muestran algunas actividades con público en el lugar.

Añadió que los paradores turísticos de provincias en Mar del Plata estaban de moda en esa época. “Urribarri le pidió al intendente de Mar del Plata que les ceda un espacio gratuito en la playa. Esto justificó la demora en la licitación y la concesión, porque se dependió del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón. No se podía hacer una licitación sin saber dónde se iba a instalar”, aseguró. Con esa explicación pretendió el abogado justificar los plazos reducidos con los que se llevaron a cabo los procedimientos administrativos en el Gobierno de Entre Ríos. La Fiscalía, en cambio, consideró que la reducción de plazos no estuvo justificada y eso constituye, entre otros, un indicio de corrupción.

En su alegato, el fiscal Ramírez Montrull consideró que las negociaciones incompatibles estaban probadas en esta causa por la asiduidad de los contactos telefónicos entre el propio Caruso, que ganó la licitación del parador, con la familia Urribarri y funcionarios de gobierno. La semana pasada sostuvo el fiscal que esos contactos comenzaron meses antes de la instalación del parador y cesaron cuando se levantaron los inflables de la playa. Fouces tildó esa hipótesis de “fábula”. Negó que Caruso haya contado con información previa y privilegiada: “La información que tenía Caruso, la tenía un montón de gente del ambiente”.

“Los empresarios entrerrianos lo sabían hacía meses de la instalación del parador. Es un mito que Caruso contó con información privilegiada, que era el único ser en la tierra que conocía que se haría un parador turístico de Entre Ríos en Mar del Plata”, reafirmó.

Después rechazó la acusación sobre la competencia simulada entre El Juego en que andamos –de Caruso- y la empresa Castromil. Cuestionó las intervenciones telefónicas, una prueba relevante para Fiscalía que hasta contó la cantidad de contactos diarios que mantuvo Caruso con el exgobernador y funcionarios provinciales, meses antes que se supiera públicamente de la instalación del parador. En ese sentido, reclamó la autorización previa de un juez para informar entrecruzamiento de llamados. Dijo que esos informes “se hicieron a partir de datos de las empresas de telefonía. Eso, que se haya hecho allí no nos llama la atención. Pero no existió motivo para evitar cumplir con las garantías de los ciudadanos”.
Fuente: Análisis Digital

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