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El Ministerio Público Fiscal pidió llevar a juicio a Sandro Gazali, exsubjefe de la Departamental La Paz de la Policía de Entre Ríos, por el presunto delito de peculado. El comisario está acusado de haber utilizado un vehículo de la institución policial para realizar un viaje recreativo con su familia. Se le endilga que el 9 de febrero de 2019 fue interceptado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une a Paraná con Santa Fe, cuando volvía con su hija menor de unas vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial de la Jefatura Departamental, marca Chevrolet.

La audiencia de elevación de la causa a juicio fue fijada para el 10 de mayo, a las 8, en los Tribunales de La Paz. La causa fue tramitada por el fiscal Oscar Sobko.

Consultado al respecto, el abogado de Gazali, Juan Marusich, sostuvo que pedirá el sobreseimiento de su cliente. Y resaltó que con la utilización del vehículo “no se afectó el normal funcionamiento de la actividad institucional de la policía”.

“Nosotros pedimos el sobreseimiento, ya se lo expusimos al juez de Garantías y ese día nos vamos a explayar en nuestro argumento. Vamos a pedir el sobreseimiento porque el plazo de la investigación penal preparatoria está vencido. La IPP tiene tres meses, seis meses y el máximo de investigación es de dieciocho. Siempre estuvo discutido en Entre Ríos el tema de los plazos y la mayoría de juzgados departamentales han dicho que no era perentorios; después vino un fallo importante del Superior Tribunal de Justicia que puso otro criterio”, explicó el letrado.

“Esta instancia pone fin a la investigación, es el último paso de la misma, y entendemos que está vencida. En subsidio argumentamos el gravamen que se ha producido hacia Gazali por la demora en investigar. También una cuestión más de fondo en cuanto a la tipicidad del hecho, que tiene que ver con que acá no hay una afectación al bien jurídico protegido porque la Policía no se quedó sin patrulleros”, agregó.

“Se ataca la tipificación del delito en sí. Gazali no era la persona sindicada para la custodia del bien. La persona que tenía la custodia era el jefe Departamental de ese momento”, resaltó Marusich.

Por último, refirió que el proceso penal afectó la carrera policial del exsubjefe de la Departamental La Paz. “Esta causa perjudicó la carrera policial de Gazali porque se vio truncada. No pudo intentar algunos ascensos. En su momento se lo suspendió en la fuerza y perdió el cargo de subjefe Departamental. Después de un tiempo de haber estado suspendido, y viendo internamente que la cuestión no era tan fácil como lo planteaban en el juzgado, le asignaron tareas en Paraná, pero ya sin la posibilidad de ascenso y además con un sumario abierto que le impide poder retirarse de la fuerza”.

“La Fiscalía de La Paz utilizó los plazos de la investigación penal preparatoria para dormir la siesta, porque nunca mandó un oficio. Es el único caso que no tiene prueba producida por la Fiscalía. La única prueba la produjo la División de Asuntos Internos de la Policía que, al ver alguna posible comisión de un delito, elevó el legajo a Fiscalía. Fiscalía con ese legajo imputó y no produjo nunca una prueba. Nunca usó el plazo, nunca pidió las prórrogas al juez de Garantías para seguir investigando. Todos estos argumentos van hacia el punto de que la elongación exagerada”, concluyó.
El caso Balla, archivado
La causa del comisario Gazali es similar a la que enfrentó Oscar Balla, exsecretario de Trabajo de Entre Ríos, quien debió renunciar en octubre de 2018 luego de que se descubriera que utilizó un vehículo de esa repartición para un viaje a la localidad mendocina de Maipú en el que participó como presidente de la Liga de Veteranos de Fútbol de Entre Ríos. El viaje lo realizó con la camioneta Toyota Hilux perteneciente a la repartición a su mando. A Balla, por entonces, se lo acusó del delito de peculado de servicio, pero su situación judicial terminó archivada.

Al archivar el caso, el Ministerio Público Fiscal entendió que “nuestra legislación penal, a diferencia de otros ordenamientos regionales, no tipifica el llamado ‘peculado de uso’, es decir, no sanciona el empleo de bienes públicos con fines diversos a los administrativos, con lo que la mera utilización resulta impune, debido a que no puede considerarse que tales casos constituyan sustracción”.
Antecedentes
El antecedente más reciente de un sobreseimiento por el vencimiento de los plazos razonables para investigar es el de Luis Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia. El funcionario fue sobreseído del delito de exacciones ilegales –en cambio rechazó sobreseerlo en la causa por enriquecimiento– el 6 de este mes por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelación de Paraná, Alejandro Cánepa.

El juez señaló que la Fiscalía “no investigó” a Erbes y que recién el 4 de abril de este año, 5 años y 7 meses después de la apertura de causa –sucedida en agosto de 2016–, citó como testigos a tres empresarios. Por ello, entendió que se violó el plazo razonable para realizar la investigación.

El antecedente de mayor relevancia y que está siendo citado por diferentes abogados defensores que reclaman sobreseimientos por la violación del plazo razonable para investigar, es el que dictó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el 6 de diciembre de 2021 en la causa “Cozzi, Carlos Gabriel, su denuncia S/impugnación extraordinaria”.

En aquella resolución se dictó el sobreseimiento de un imputado en una causa que se investigaba el uso irregular de contratos de personal en la Cámara de Diputados. El beneficiado fue Juan Alfonso Blason Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos contratos truchos mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical Ricardo Troncoso.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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