Además de ocho años de pena de prisión, la Justicia de Entre Ríos le había aplicado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa investigada por la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue destituida de su cargo.
El exmandatario entrerriano, de hecho, presentó la renuncia a su puesto como embajador en Israel el pasado 7 de abril y, pese a que informó que aceptaba su dimisión, el Gobierno de Alberto Fernández todavía no envió a Israel el decreto con el fin de su misión diplomática. Es decir, su desvinculación no se hizo efectiva.
De hecho, el martes, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio le pidió al Ejecutivo que informe, a través de la Cancillería, cuál era la situación de Sergio Urribarri, que no regresó al país tras la condena por corrupción.
