Erbes se defendió personalmente la semana pasada ante el magistrado, tras conocerse los resultados de la última pericia contable pedida. Sobre el punto, el abogado Franco Azziani Cánepa informó que ese último estudio, a cargo de la contadora Florencia Ara del Superior Tribunal de Justicia, no arrojó un resultado incriminante. “Si la pericia no arroja algo que me incrimine, voy a solicitar el sobreseimiento”, había dicho el 30 de mayo el director de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía.
El Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Ignacio Aramberry, se opuso al pedido de sobreseimiento: consideró que el documento elaborado por Ara no tenía las características de “pericia” sino que se trataba de un “informe preliminar” y, en esa línea, pidió otros 180 días para arribar a una evaluación más acabada sobre la evolución patrimonial de Erbes.
En el marco de esta investigación, hubo dos valoraciones contables previas a la pericia de Ara. Un primer informe que elaboró el contador Héctor Enrique, del MPF, que avaló la denuncia inicial, presentada en 2016 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Es decir que, estando en la función pública, Erbes se enriqueció ilícitamente. Posteriormente, un perito de parte de la defensa no llegó a la misma conclusión. Entonces, desde Fiscalía se pidió una tercera opinión para desempatar. Y llegó con el informe de la contadora Ara.
En ese marco, los defensores de Erbes (Azziani Cánepa, Andrés Bacigalupo y Ladislao Uzín Olleros) pidieron el sobreseimiento ante el juez Ruhl, cuya resolución salió este miércoles al mediodía: el magistrado consideró que tiene facultades para sobreseer y que no hay pruebas sobre el enriquecimiento ilícito denunciado. Por lo tanto, no se puede alargar el estado de sospecha sobre el funcionario. “No advierto el enriquecimiento, sí una evolución patrimonial propia de personas con capacidad de ahorro. Considero que la evolución patrimonial es acorde a los ingresos y razonable”, sentenció Ruhl y manifestó: “El fiscal dijo que no llamó a declaración de imputado después de la última pericia contable porque no hay prueba de enriquecimiento. Entonces, corresponde hacer cesar el estado de sospecha”. Para el juez, el país tiene la obligación de investigar los delitos de corrupción pero en este caso se llegó “al límite”.
Cabe recordar que, en principio, Erbes también fue investigado en el mismo legajo por el supuesto delito de receptación de sobornos, una acusación que tampoco fue probada. En efecto, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Alejandro Cánepa, dictó el sobreseimiento por prescripción sobre esa denuncia en abril pasado. El magistrado emitió una dura resolución y entendió que el legajo de investigación solo intentó avanzar cuando los defensores empezaron a plantear sus quejas, tal como alegaron los abogados.
Tras la consulta, el fiscal Aramberry no confirmó una futura apelación a la sentencia del doctor Ruhl. “Vamos a evaluar la sentencia y veremos. Tenemos cinco días hábiles para eso”, acotó.
Tampoco apeló el sobreseimiento por los sobornos denunciados.
