La jueza de Garantía Marina Electra Barbagelata refrendó este viernes el acuerdo entre la Fiscalía y los abogados defensores para la suspensión del juicio a prueba a favor de los empresarios de la construcción Miguel Ángel Marizza, de Caballi Construcciones; Néstor Iván Szczech, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, actual vicepresidente de la Federación Interamericana de la Construcción, titular de la firma que lleva su nombre; Daniel Aníbal Hereñu, titular de la firma Organización Industrial Construcciones SA (Oicsa); y Rubén Oscar Grasso, de la firma Cemyc SRL, por el término de dos años.
La titular de Vialidad, Alicia Benítez, al ser funcionaria pública, no pudo acceder a ese beneficio y su situación judicial será resuelta por otra vía.
La denominada Causa Mercosur es una investigación penal que investiga supuestos sobreprecios en las obras contratadas durante la realización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Paraná en diciembre de 2014, en la gestión de Sergio Urribarri. El exgobernador fue condenado, el 7 de abril último, en el marco del megajuicio, por el pago de una millonaria cifra por la difusión de cuatro spots de promoción de aquella Cumbre Mercosur.
En el marco del expediente que tiene que ver con la contratación de las obras -en La Vieja Usina y la Escuela del Centenario, entre otras-, quedaron sospechados por sobreprecios los empresarios de la construcción Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech), Rubén Grasso (Cemyc ) y Daniel Hereñu (OICSA), más la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Feltes.
El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.
El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes -fallecido en octubre de 2021- con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.
Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de Vialidad, fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.
Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.
El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.
Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.
Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y la Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.
En la investigación penal, la el fiscal Juan Francisco Malvasio imputó los siguientes hechos: “Miguel Marizza, en su triple carácter de presidente de la firma Caballi S.A., representante de la Cámara Argentina de la Construcción en el marco del denominado Convenio de Colaboración para la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Entre Ríos-, Néstor Ivan Szczech, como contratista y Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Entre Ríos-, Daniel Anibal Hereñú, en su carácter de presidente de la firma Organización Industrial Construcciones S.A. (OICSA), Rubén O. Grasso, en su carácter de socio gerente de la firma Cemyc S.R.L., y Alicia Benitez de Feltes actuando como Coordinadora General de las obras/servicios y provisión de bienes para la Cumbre del Mercosur, defraudaron al Estado Provincial en la suma de $ 10.581.875,40. Para ello, en el marco de las contrataciones directas de bienes, servicios y obras efectuadas en violación de los principios de contratación pública, realizadas para el desarrollo la Cumbre de Presidentes del Mercosur 2014, llevadas a cabo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, entre los días 14 y 18 de diciembre de 2014, y aprovechándose del convenio de colaboración celebrado entre el Estado Provincial y la Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Entre Ríos-, los contratistas aumentaron los valores de bienes, servicios y obras desproporcionadamente en relación a los de mercado, a los efectos de apoderarse de ese excedente, produciendo un perjuicio patrimonial que se tradujo en un provecho económico manifiesto para los encartados Marizza, Szczech, Hereñu y Grasso”.
Y agrega: “Así, mientras los últimos mencionados se encargaban de presupuestar y formalizar las contrataciones, la citada Coordinadora Benítez de Feltes aprobaba administrativamente las cotizaciones con pleno conocimiento de los sobreprecios mencionados, omitiendo, de manera deliberada realizar los controles legales requeridos para establecer que estas fueran las ofertas más convenientes a los intereses estatales. De esta manera, se produjeron de forma sistemática, contrataciones directas, por la suma total de $42.954.618,25”.
Reparación económica
En el acuerdo de juicio abreviado que refrendó la jueza Barbagelata, se acordó que los empresarios entreguen a la Cooperadora del Hospital San Martín de Paraná, la suma de $500.000; a la Cooperadora de la Escuela Hogar, la suma de $500.000; a la Cooperadora del Centro de Salud Corrales de Paraná, la suma de $500.000; a la Cooperadora del Hospital San Roque de Paraná, la suma de $250.000; y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná, la suma de $250.000. Esas «donaciones» deberán quedar efectivizadas dentro de los 45 días a partir de este viernes. Y lo paga cada uno de los cuatro: son $8 millones.Además, la jueza dispuso que Miguel Ángel Marizza, Néstor Iván Szczech, Daniel Aníbal Hereñú y Rubén Oscar Grasso “abonen cada uno, en concepto de reparación económica al Estado provincial, la suma de $ 500.000, importe que deberá ser integrado dentro de los 30 días de notificados por la Fiscalía de la aceptación manifestada por aquél. En caso de aceptación el pago deberá hacerse por depósito o transferencia a la cuenta que el Sr. Fiscal le haga saber a la Defensa, o en una cuenta bancaria relacionada con este legajo de OGA. En caso de que no fuera aceptada la reparación económica, dicha suma acrecerá en partes iguales los importes destinados a las entidades destinatarias de las sumas de dinero cuya entrega se impuso como regla de conducta”.
