Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El abogado Raúl Barrandeguy fue una de las personas que estuvo presente el viernes por la tarde en Tribunales de Paraná, cuando un grupo de personas se hizo presente en un audiencia, luego con agresiones verbales en la vía pública y pegado de carteles en inmediaciones al Superior Tribunal de Justicia. “Al momento lo viví mal, mucho peor de lo que yo pensé que iba a vivir en un momento así porque no he tenido situaciones parecidas. Lo que pasó el viernes tuvo un grado de irracionalidad superlativo”, comentó el exdiputado nacional, que ahora integra la defensa del exgobernador y ahora excanciller.

Según Barrandeguy, el grupo de personas que protagonizaron los escraches eran “libertarios y republicanos, llegados desde ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. La patota irrumpió en la audiencia donde se trataba una apelación al sobreseimiento al ex gobernador Sergio Urribarri, reclamando la cárcel para él y también la restitución de Goyeneche en el cargo del que fue removida por mal desempeño”. “Yo me daba cuenta de que no había un solo motivo para que nos agredieran, salvo atentar contra las instituciones del Estado de Derecho ¿Qué nos podían pedir (los agresores) a nosotros: una ley, un fallo? Me di cuenta de que venían a exigirnos en forma amenazante que no lo defendiéramos a (el ex gobernador Sergio) Urribarri”, mencionó.

En ese sentido, añadió: “Algunos dicen que también hubo piquetes cuando (se juzgó y condenó al ex vicegobernador Daniel) “Dani” Rossi. Pero una cosa es hacerlo para sacarle al Gobierno o al Poder Judicial una ley o un fallo. Y otra cuando no tienen nada que sacarnos ¿Qué es lo que nos podían sacar con estas amenazas? ¿Qué buscaban? ¿Qué renunciáramos a la defensa?” “Me preocupó porque una cosa así no viene espontáneamente. Probablemente hay compatriotas que organizaron esto: prepararon la logística, atendieron los requerimientos financieros y económicos para que la gente viajara de Buenos Aires a Paraná”, razonó.

Barrandeguy reconoció que tuvo miedo de que lo agredieran físicamente. “Esa fue la sensación. Me siguieron durante una cuadra (desde Tribunales hasta su estudio), agitándome una pancarta contra la cara, provocándome para que reaccionara. Yo y mis colegas, impertérritos”, expresó.

“Le gritaban a la gente que pasaba: «Estos son los abogados de Urribarri. Cobran honorarios con la plata que nos robó Urribarri». Es decir: todo asociado al ejercicio del derecho a la defensa. Únicamente un energúmeno puede no aceptar las reglas del derecho de defensa del Estado de Derecho”, aseveró.
Sobre el accionar de la Policía
Con respecto a la reacción de la Policía ante las agresiones, Barrandeguy fue muy crítico: “Desapruebo su actitud completamente. Pudieron haberlos revisado cuando entraron al salón de audiencias, (los atacantes) podrían haber ingresado con una navaja y hacernos daño. Gritaban (los integrantes de la patota) dentro del salón, no nos dejaban salir”.

Asimismo, entendió que la fuerza de seguridad tendría que haber tenido otra predisposición para resguardar su integridad física. “Tendrían que haberlo hecho no por mí, sino por el derecho de defensa. Debieron asegurar que este derecho se podía ejercer en Tribunales sin ninguna clase de temor ni impedimento”, planteó.

Los policías “miraban. Estaban como formando parte del grupo (agresor). Afuera (de Tribunales) igual. Hasta sonreían como diciendo ‘mirá la travesura que está haciendo esta gente’. La Policía no me acompañó hasta mi estudio mientras me agredían. Podían habernos hecho salir primero a nosotros y que ellos salgan después. Pero no. Fue una zona liberada”, describió.

El letrado también deslizó cuestionamientos al comportamiento del juez Elvio Garzón para con la patota. “Mientras agitaban las pancartas les recordó que les había dicho que podían entrar si se mantenían dentro del orden, si no iba a desalojar la sala. Pero cuando el juez da por terminado el acto y se retira, se pararon todas las mujeres a gritar y a gritar”, relató.

“Esto hay que medirlo con la longitud de la regla personal. Yo me habría quedado (en el salón) como ha habido casos de jueces que se quedaron en otras situaciones. Recuerdo el caso contra Balla, cuando luego de la sentencia comenzaron a tirar sillas. Y los magistrados se quedaron y resolvieron lo que había que resolver: le pidieron a la Policía que desalojara”, apuntó.

Barrandeguy adelantó que junto a los otros abogados que estuvieron en el lugar presentarán una demanda penal contra ese grupo de personas por el delito de perturbación del funcionamiento de la Justicia. “Yo fui presidente del Colegio de la Abogacía y no puedo dejar pasar esto. Asumo mi responsabilidad y haré lo que tengo que hacer. No por mí, yo estoy sano. Sino por el ejercicio libre y garantizado de la profesión”, argumentó.
Sobre el Ministerio Público Fiscal
Asimismo, observó que durante la audiencia los representantes del Ministerio Público Fiscal, titulares de la acción penal pública en Entre Ríos, tendrían que haber actuado de otro modo ante los incidentes. “Se registró un delito, o dos, de acción pública que se perpetraron delante de los fiscales. Debieron haber instado para que de oficio se iniciara una investigación ¿Qué harán la próxima vez?”, se preguntó.

“De todos modos, creo que no pasaron un buen momento. Les vi las caras entristecidas. Es probable que no les provoque alegría ver semejante desborde”, precisó.

Pese a todo esto, Barrandeguy comentó que ni Goyeneche ni el actual titular del MPF, Jorge García, lo llamaron en estas horas para interesarse en su estado de salud físico y emocional.

“Me llamó el Dr. Maximiliano Benítez, titular del Ministerio Público de la Defensa; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina y muchos amigos muy prestigiosos y muy queridos. Pero del Ministerio Público Fiscal nada. Absolutamente nada. Yo me conformaría con que inicien actuaciones para saber qué es lo que ocurrió”, subrayó.

“Hay un brutal estado de debilidad y de anomia de las instituciones que tienen que garantizarnos a los ciudadanos el funcionamiento del sistema”, entendió.

Por último, reconoció que tras lo sucedido le quedó latente el temor de que vuelva a ocurrir algo en las próximas audiencias. “Esto hay que pararlo. No puede ser. Fuera de las declaraciones, hay que tomar actitudes firmes. Es indispensable que las instituciones del Estado de Derecho en la provincia asuman la responsabilidad de evitar que esto se repita”, concluyó.
Fuente: APF

Enviá tu comentario