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Esta jueves por la mañana, culminó la audiencia de fijación de penas donde el juez técnico Mauricio Derudi estableció 9 años de cárcel para el Prefecto G.M. condenado por abuso sexual agravado contra su sobrina -cuando tenía 15 años- y abuso sexual simple y violencia de género contra una expareja, una mujer de unos 30 años.

Las audiencias del juicio se celebraron en la Caja Municipal de Jubilaciones, en tanto que la de lectura de sentencia se concretó en los Tribunales de Gualeguaychú.
Juicio por jurado
La audiencia voire dire para la selección del jurado, mitad mujeres y mitad varones, y sus cuatro suplentes, también en igualdad de género, tuvo lugar el viernes 27 de mayo, en la Caja Municipal de Jubilaciones de Gualeguaychú. El dictamen unánime del jurado se alcanzó el viernes 3, a última hora de la tarde.

En el juicio por jurados, que se desarrolló desde el 1 al 3 de junio, intervinieron, en representación del Ministerio Público Fiscal, Lisandro Beherán, quien había solicitado una condena efectiva de 12 años y 6 meses de prisión para el prefecto de 30 años, accesorias legales y costas del juicio y que se mantenga la prisión domiciliaria con controles. El abogado Raúl Jurado, que ejerció la defensa, pidió su absolución durante los alegatos de clausura de las partes.
La condena
Este jueves, en tanto, se concretó la audiencia de fijación de la pena en la que el juez Derudi le impuso la pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo más accesorias legales, al hallarlo autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado” – dos hechos Primero y Segundo- y dispuso que cumpla, hasta tanto la condena quede firme, prisión preventiva con modalidad domiciliaria. El magistrado dio a conocer su resolución durante la audiencia de lectura de sentencia celebrada en los Tribunales de Gualeguaychú.

El juez impuso las costas del juicio al condenado y le prorrogó, hasta que la sentencia quede firme, medidas de coerción; entre ellas, la continuidad de la prisión preventiva con modalidad domiciliaria, que será monitoreada mediante la colocación de tobillera electrónica y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto y comunicación, por cualquier vía o medio, tanto por sí como por interpósita persona, con la víctima y su grupo familiar.

Ahora, será el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien determine en qué unidad penal cumpla la condena a 9 años el prefecto.
Fuente: Prensa STJ

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