El proyecto modifica, además, el sistema de recusación y excusación, da relevancia a la paridad, modifica la integración de los jurados y crea un banco de casos para ser utilizados en los exámenes de selección. "Nacido al impulso de la necesidad de limitar el poder del Ejecutivo en materia de designación de Magistrados y miembros de los Ministerios Públicos, debemos ir reconociendo sus fortalezas para afianzarlas aún más, pero a la par es necesario transformar la ley que lo ordena, en función de corregir aspectos que le han restado este carácter de Consejo Asesor para que se incorporen los mejores integrantes al Poder Judicial", dice en los fundamentos.
Actualmente, son 11 los integrantes del Consejo de la Magistratura: el representante del Poder Ejecutivo, que es el secretario de Justicia; dos representantes de los abogados, designados por voto directo de los profesionales; dos representantes de magistrados y funcionarios judiciales, también seleccionados por voto directo; tres profesores universitarios de universidades que otorguen título de abogado, al menos uno de una casa de estudios de la órbita estatal; un representante por los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.
La modificación que ahora se impulsa en la Legislatura elevaría de 11 a 13 el número de integrantes: tres del Poder Ejecutivo; dos de la abogacía; dos de la magistratura y la función judicial; tres profesores universitarios de materias de Derecho, titulares, adjuntos o asociados, de universidades públicas o privadas, con sede o domicilio en Entre Ríos, dos de ellos de universidades de la esfera pública, con paridad de género; un representante de los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.
"No fuimos consultados antes de la presentación de este proyecto"
Alejandro Cánepa, secretario general de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, primer secretario del Consejo de la Magistratura, entre 2003 y 2007, afirmó sobre la iniciativa que si bien entiende que toda reforma en un organismo con dos décadas de existencia es bienvenida, plantea su discrepancia con el aumento de la participación del Poder Ejecutivo: "Nos preocupa mucho el primer artículo del proyecto, que modifica la integración del Consejo de la Magistratura, y eleva a 13 miembros el total de sus integrantes, con la particularidad de que aumenta de 1 a 3 los representantes del Poder Ejecutivo. Resulta en principio absolutamente inconveniente"."No fuimos consultados antes de la presentación de este proyecto. De igual forma, del proyecto en general vemos muy bien que se conforme un banco de casos, que haya una renovación en los jurados. A 20 años de la creación del Consejo de la Magistratura, me parece que son cambios necesarios, pero también conversables, opinables, en la medida de que se pretende mejorar su funcionamiento. Ahora, el tema de la integración y de la mayor participación del Poder Ejecutivo, sobre esto llamamos a la reflexión de los podres públicos, sobre todo a quienes deben analizar este proyecto. En los 20 años que ha funcionado este organismo, como organismo asesor del Poder Ejecutivo en la selección de magistrados y funcionarios de la Justicia, no hubo desbalance o desequilibrios en su integración ni en sus decisiones. Fui el primer secretario del Consejo, desde diciembre de 2003 a diciembre de 2007, y la idea de la descontaminación política de este tipo de organismos fue una idea iniciativa del gobernador Jorge Busti, que fue quien lo creó. Busti quería darle mayor participación a aquellos estamentos que hacían al quehacer cotidiano, concreto de la organización judicial: jueces, funcionarios, abogados, organizaciones sociales, academia, y los empleados judiciales. Y se planteó que la representación política sea mínimna, con un solo integrante. Eso, además, es algo que ha sido destacado a lo largo del país", señaló Cánepa.
Sobre los puntos cuestionables del proyecto, Cánepa expresó que "es el Gobernador quien elige a los jueces y funcionarios de una terna que envía el Senado a partir de la selección que se realiza en el Consejo. El Gobernador ya tiene intervención a partir de selección última del candidato. Una mayor injerencia del Ejecutivo, al contrario de lo que quieren propone, desbalancea el equilibrio del Consejo de la Magistratura. Por eso, entendemos que no es conveniente, que no es prudente. Y llamamos a la reflexión para que no se dé en estos términos la reforma. Antes de presentar este proyecto no hemos sido consultados. Si hubiésemos sido consultados, hubiésemos dicho que no es prudente, que no es conveniente, que genera más perjuicios que los beneficios que pretende conseguir. En 20 años, el Consejo se ha manejado de manera equilibrada. Y esto es referencia nacional".
Cánepa, que es integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y candidato a presidir la Asociación de la Magistratura y la Función judicial en las elecciones del 28 de este mes, refiere los cambios que habría que hacer en el proceso de selección de magistrados. Y anota que en las tres etapas que atraviesa un postulante se requieren actualizaciones. En la cuestión de los antecedentes, señala, hay que aplicar cambios. "Hay que tener en cuenta que los criterios inicialmente se crearon hace 20 años y han tenido unas modificaciones que a lo mejor a la fecha merecen otra revisión. Hoy hay aspectos como la perspectiva de género que no están incluidas en esos criterios, que los han incluido los consejeros, pero merece una evaluación más precisa, más específica. Lo mismo en el fuero penal en cuanto a capacitación de juicios por jurados; en el fuero civil, cuando el proceso de oralidad y gestión por audiencia se intensifique y se afiance. Eso merece ciertas correcciones. Lo mismo en el examen de oposición. Hay muchos problemas en conseguir jurados. Hay inconvenientes con la selección de los casos, casos que están mal hechos, que no cumplen con los requisitos mínimos. Por eso es interesante contar con un banco de casos. También buscar jurados de otros lugares, otras provincias, menos involucrados en la cuestión al foro local, que los jurados que intervengan no sean de la jurisdicción del cago que se concursa para evitar contaminación. Todas esas cuestiones son necesarias. También en la entrevista personal, cuya evaluación es más discrecional, entendemos que podría realizarse algunas correcciones, para que el postulante pueda saber a qué se debe la nota que finalmente recibe. Lo que nunca nos esperábamos era una modificación en el sentido que se está proponiendo. Resulta en principio absolutamente inconveniente", manifestó por último.
