Los letreros que exhibieron resumen el reclamo central: que el acusado espere el juicio entre rejas. "Con los chicos no, justicia", decía uno de los carteles. "Queremos al violador preso", exigía otro.
Martín Jauregui, abogado de la querella, explicó a El Entre Ríos que, si bien el imputado no habría incumplido con las pautas exigidas desde la Justicia y, además, “procesalmente no obstruye la investigación”, su presencia en lugares públicos “como si nada pasara” ha provocado indignación, especialmente en el entorno familiar de las presuntas víctimas.
El abogado querellante adelantó que en audiencia que tendrá lugar el próximo jueves por la mañana presentará un pedido formal para que al hombre se le restrinjan sus movimientos en la vía pública. Máxime, luego de que se viralizaran fotos del momento en que tramitaba su carné de conducir en oficinas municipales, lo que exacerbó los ánimos.
“El acusado anda circulando por todo el país. La gente tiene miedo de que se fugue. Además, fijó domicilio en Misiones y hay quienes dicen que lo han visto cruzar a Paraguay o a Brasil. Por eso, lo que estaré reclamando es una prisión domiciliaria hasta que llegue el debate, con tobillera electrónica”, justificó.
En principio, el Ministerio Público Fiscal no acompañaría esta petición de Jauregui, por entender que no existe riesgo procesal probado y, además, el imputado no ha incumplido ninguna de las reglas que se le impusieron durante el proceso; o sea, “se ha ajustado a derecho”, como el propio querellante admite.
“Pero a mí, como defensor de las víctimas, no me queda otro camino. Voy a pedir la domiciliaria y que el juez resuelva”, concluyó Jauregui.
La movilización de este sábado no fue la primera. A fin de septiembre hubo otra marcha, aunque el reclamo fue más genérico, e incluso su convocatoria se politizó tras conocerse audios del exintendente Mariano Rebord, en los que daba indicaciones para "fogonear" la protesta de manera velada.
