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“Abogados en Acción” es una “agrupación de abogados comprometidos con la defensa de los valores e ideales republicanos de nuestra constitución nacional con vocación pública y política”, tal como se definen en su página web.

En Entre Ríos, Mauro Vazón, que estuvo al frente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) durante la presidencia de Mauricio Macri, es el referente de la agrupación que agrupa a abogados del PRO.

“El silencio de los inocentes” es el título de la columna que enviaron a la redacción de El Entre Ríos a propósito de la muerte de un menor de sólo 8 años en el Volcadero, el basural a cielo abierto más grande Paraná, Entre Ríos. Reflexionaron, sobre lo ocurrido el último domingo, que “la situación nos obliga a mirar la basta legislación con la que cuenta nuestro país tanto en el reconocimiento y protección de los derechos, como de mecanismos de control y dispositivos de ayuda a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

“Sin embargo con asombro y dolor, observamos que este mundo jurídico rico en normas paradójicamente resulta pobre en hechos de tutela concreta, así lo relativo a la infancia en situación de vulnerabilidad resulta ser una zona gris que se halla en un absoluto desamparo carente de cualquier tipo de derechos”, añadieron Silvia Céspedes y Rocío García, firmantes del texto.

Aseguran, entonces, que “este triste relato funciona como una lupa” y que, “cuando minimizamos las desigualdades estructurales que atraviesan a nuestro país, nos encontramos con consecuencias trágicas que implican la deshumanización de la infancia hasta el punto dramático en que la pobreza puede implicar la muerte misma de un niño de 8 años”.

“Ello nos obliga a interpelarnos como comunidad, pero del mismo modo nos compele como ciudadanos a revisar la fatídica actuación del estado, que ha fallado en todos los resortes que lo conforman”, plantearon luego.

A continuación, El Entre Ríos reproduce el texto completo:

Con mucho dolor hemos sido testigos de una irreparable tragedia consumada el domingo 13 de noviembre, en la ciudad de Paraná -capital de la provincia de Entre Ríos, en la que perdió la vida un niño de 8 años, quien se habría “trepado” a un camión recolector de basura para tener prioridad en su intención de obtener comida proveniente de los residuos que dicho camión recoge de los restaurantes de la ciudad. En una maniobra accidental, perdió el equilibrio y fue tropellado en el mismo basural de la ciudad.

La situación, así planteada, nos obliga a mirar la basta legislación con la que cuenta nuestro país tanto en el reconocimiento y protección de los derechos, como de mecanismos de control y dispositivos de ayuda a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Esta legislación abarca desde tratados internacionales con rango constitucional como la Convención de los Derechos del Niño – Ley 23.849-, leyes nacionales como la Ley N°13.298 y Ley N°26.061, hasta la ley de la propia Provincia de Entre Ríos N°9.861.

A través de todo el espectro legal, el estado – en sus distintos niveles y jurisdicciones - garantiza la prioridad en la protección y auxilio a la familia y comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños; la asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez; la preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas; la preferencia de atención en los servicios esenciales; la promoción de la formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos existentes; la prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas.

Sin embargo con asombro y dolor, observamos que este mundo jurídico rico en normas paradójicamente resulta pobre en hechos de tutela concreta, así lo relativo a la infancia en situación de vulnerabilidad resulta ser una zona gris que se halla en un absoluto desamparo carente de cualquier tipo de derechos.

Este triste relato funciona como una lupa que sirve para que todos conozcamos cómo se ve lo importante cando es tratado como algo pequeño.

Cuando minimizamos las desigualdades estructurales que atraviesan a nuestro país, nos encontramos con consecuencias trágicas que implican la deshumanización de la infancia hasta el punto dramático en que la pobreza puede implicar la muerte misma de un niño de 8 años.

Estas consecuencias también han calado profundo en nuestra sociedad, donde naturalizamos permanentemente la flagrante vulneración de los derechos fundamentales de la niñez en nuestro país. Ello nos obliga a interpelarnos como comunidad, pero del mismo modo nos compele como ciudadanos a revisar la fatídica actuación del estado, que ha fallado en todos los resortes que lo conforman. Quedando demostrada una conducta ineficiente y ausente ante una realidad brutal que implica la ignorancia pasmante frente la pobreza infantil.

De allí es que nace un legítimo reclamo a exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional para la niñez, que hoy frente a este hecho resultan una letra muerta en nuestro país.

El derecho a la dignidad humana debe tener un lugar sagrado para la infancia. Sin esta premisa básica nuestra sociedad solo pude estar destinada a corromperse, por eso hoy debemos estar de luto por esta trágica e innecesaria muerte y luchar porque la misma no haya sido en vano.

SILVIA CÉSPEDES Y ROCÍO GARCÍA
Miembros de la agrupación Abogados en Acción
Fuente: El Entre Ríos.

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