“Araujo fue a las 8 de la mañana a la Comuna y fue recibida por la secretaria comunal que tenía las llaves. Allí se le hizo entrega de las mismas y ella procedió a ingresar a la Comuna sin ningún tipo de inconveniente”, comentó el abogado Matías Plugoboy, representante de la presidenta comunal.
Además, indicó que “por las dudas se había requerido la asistencia del Jefe de la Comisaría de María Luisa, pero por suerte no fue necesario ningún tipo de actuación policial más que el acompañamiento”.
La destitución de Araujo fue noticia provincial los últimos días de 2022. El 28 de diciembre, el Consejo Comunal de Gobernador Etchevehere, pueblo de 400 habitantes ubicado a 25 kilómetros de Paraná, dictó la resolución N° 032/22 que la dejó fuera del cargo. La decisión la votaron 3 consejeros de Juntos por el Cambio y 2 del PJ.
Arguyeron que la decisión se tomó con base a las atribuciones que otorga la Ley de Comunas N° 10644. “La decisión radica en numerosas irregularidades detectadas durante el ejercicio de las funciones de la Sra. Araujo, sumada a la solicitud de destitución planteada por los vecinos, y la respuesta del Gobierno provincial ante el pedido de intervención emanado por el Consejo Comunal a raíz del mal desempeño de la Presidenta Comunal, situación que se viene haciendo pública desde hace tiempo”, se explicó entonces.
En su lugar fue designado Franco Sandrigo, 26 años, quien fue segundo vocal en el Consejo Comunal. Fue además el miembro informante en la sesión clave del cuerpo deliberativo del miércoles 28 de diciembre, cuando se votó la destitución. Días más tarde, Araujo, a través de sus abogados Matías Plugoboy y Esteban Leonel Rodríguez, acudió a la Justicia con una acción de medida cautelar innovativa en la que planteó que “se vio privada de manera ilegítima y arbitraria de un cargo institucional y sus consecuentes responsabilidades para el cual fui elegida en forma directa por el pueblo de su comuna, lo cual la privó de su trabajo y sostén de vida familiar”.
Finalmente, el 6 de enero la jueza de feria María Alejandra Abud hizo lugar al pedido de suspensión de la destitución y elevó las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, único estamento tribunalicio con competencia para tratar una acción por conflicto de poderes. En este caso, el conflicto de poderes es entre el Consejo Comunal que la destituyó y el Ejecutivo.
No obstante, la sentencia de Abud no conformó a la otra parte del pleito, que trabaja en la apelación con el abogado Emilio Ruffiner. Así las cosas, la pelea comunal, con la Justicia de por medio, sigue abierta.
