"El primer pedido que formularemos ni bien se ponga en funcionamiento la Comisión es el apartamiento de su presidenta. El juicio político y su naturaleza jurídica es un procedimiento de derecho penal disciplinario y, como tal, debe respetar todas las garantías consagradas en la Constitución Nacional del debido proceso", aseguró el presidente del bloque Evolución Radical.
De Loredo consideró que la legisladora entrerriana Gaillard "no puede integrar la Comisión de Juicio Político ni mucho menos conducir el desarrollo de la misma. Vamos a solicitar su apartamiento y que la misma sea tramitada en el seno de la comisión, debiendo apartarse la sindicada de votar sobre el pedido".
Declaraciones de Gaillard
El pasado miércoles Gaillard recibió de manos del presidente Alberto Fernández el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti (titular del tribunal duramente criticado por el Presidente de la Nación), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En la reunión, que tuvo lugar en la Casa Rosada, también estuvo Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja.En los últimos días, sentó posición ante el accionar del máximo tribunal, al que cuestionó por su fallo favorable a la Ciudad en la pelea con Nación por los fondos de la coparticipación.
"La Corte no solo afecta a todas las provincias beneficiando a la ciudad más rica del país, Buenos Aires, sino que además se entromete en facultades del Poder Ejecutivo, como es la gestión del Gobierno", dijo la abogada, de 41 años.
Además, la legisladora sostuvo que "no podemos hacernos los distraídos ante esta situación escandalosa, bochornosa y pornográfica, donde el Poder Judicial arregla fallos con la oposición. No es en contra de la Corte, es en defensa de la Corte y de las instituciones, y de un poder judicial independiente", expresó en una de sus apariciones públicas.
"Final cantado"
Ahora, después de las reiteradas declaraciones de la entrerriana, De Loredo reclamó que "el juicio político y su naturaleza jurídica es un procedimiento de derecho penal disciplinario y, como tal, debe respetar todas las garantías consagradas en la Constitución Nacional del debido proceso".Además, reiteró sus cuestionamiento a los dichos de la diputada del Frente de Todos: "Ponen en riesgo una de las garantías que dispone la Constitución Nacional en su artículo 18, que es la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial".
Por la fuerte postura de Gaillard, De Loredo enfatizó que hay un "final cantado" en el debate de comisión sobre el juicio político a los miembros de la Corte, que es parte de la embestida del Gobierno contra el Poder Judicial.
"No recogió prueba alguna, no escuchó a los acusados, no ingresó siquiera formalmente el pedido a la Cámara y la presidenta de la Comisión ya se expresó sobre su procedencia y adelantó su dictamen", dijo sobre Gaillard.
Por último, subrayó que los cuatro jueces de la Corte Suprema "no están obligados a comparecer, ni siquiera a hacerlo de forma escrita toda vez que gozan del derecho consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional en virtud del cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo".
