Rondoni desempeñó un papel decisivo en el proceso de jury para destituir a la exprocuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia. Fue recusada por el propio procurador General Jorge García, en diciembre de 2021, por su actuación como integrante del Jurado de Enjuiciamiento, en representación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).
En efecto, la abogada se pronunció a favor de abrirle causa a Goyeneche y apartar por completo al Ministerio Fiscal y cualquier integrante de la institución como órgano acusador en el jury, un punto central sobre la constitucionalidad o ilegalidad del proceso, que aún no se resolvió definitivamente.
La decisión de Rondoni fue en línea con las posiciones jurídicas de los vocales del STJ, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, y un sector de la Abogacía y la dirigencia política entrerriana. Provocó un episodio completamente novedoso, imprevisto en cualquier mandamiento constitucional: que la acusación en un jury contra una funcionario/a judicial sea llevada adelante por una persona que no es fiscal. En este caso, al rol lo desempeñó el fallecido abogado y exconcejal del PJ en Gualeguay, Gastón Justet.
Justet era parte de una lista de conjueces, confeccionada para reemplazar a jueces. Durante el proceso que duró varios meses a fines de 2021, la mayoría de los integrantes de esa nómina de conjueces rechazó el ofrecimiento para desempeñar el papel fiscal ad-hoc en el jury contra Goyeneche, justamente porque no está previsto en la legislación. Sólo luego de conseguir la aceptación del exconcejal gualeyo, pudo encaminarse el proceso que concluyó en el apartamiento de Goyeneche.
Tras conocerse la designación de Rondoni como jueza interina este viernes, en determinados ámbitos judiciales de la provincia lo interpretaron como una “devolución de favores”.
