Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este miércoles conceder la suspensión del juicio a prueba (probation) por el plazo de un año a Marcela Soledad Rodríguez, de 47 años de edad, imputada por el delito de homicidio imprudente tras un siniestro vial ocurrido el 4 de marzo de 2024 en la capital provincial en el que perdió la vida quien era su pareja.

Durante ese período, la acusada tendrá prohibido conducir vehículos y deberá cumplir con distintas normas de conducta, entre ellas continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que ya realiza, así como prestar 96 horas de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.

La resolución fue el resultado de un acuerdo alcanzado entre la fiscal Patricia Yedro; la querella, representada por Ricardo Mulone y Gustavo Jullier; y la defensa pública a cargo de Mariana Montefiori. El juez felicitó a las partes por haber logrado superar diferencias que en audiencias anteriores habían trabado el avance de la causa.

Uno de los principales puntos de discusión fue el monto de la reparación simbólica ofrecida a la familia de la víctima. En una audiencia realizada el 23 de mayo, Rodríguez había ofrecido 1.000 pesos, suma considerada insuficiente por la querella. Este miércoles, la imputada elevó la cifra a 20.000 pesos, además de reiterar sus disculpas públicas. No obstante, quedó habilitada la vía civil para futuros reclamos.

El magistrado valoró que Rodríguez no tiene antecedentes penales ni había accedido previamente a otra probation, y consideró que en caso de llegar a juicio oral la eventual pena sería de cumplimiento condicional, por lo que correspondía aplicar la salida alternativa.

El hecho que originó la causa ocurrió cuando Rodríguez perdió el control de su automóvil Ford Ka, que se desplazó varios metros hasta impactar contra un árbol. Como consecuencia del choque, falleció su acompañante.

Una audiencia anterior, en abril, había sido anulada tras planteos de la defensa oficial sobre la legitimidad de la querella para intervenir, cuestión que fue resuelta favorablemente. También se habían registrado disidencias respecto de la reparación económica ofrecida en un primer momento.

Con la decisión adoptada, el proceso penal quedó suspendido por un año, bajo el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Fuente: APFDigital

Enviá tu comentario