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Fallo que ordena a escuela a ofrecer dos modalidades: “Sin los reclamos de las familias, esta sentencia no salía”

El Dr. Nichajew Valodia, abogado patrocinante del amparo colectivo por la jornada extendida NINA y el comedor escolar, brindó una entrevista a Informe Popular de Radio Popular Aranguren 96.5 FM Municipal.

 

 

Explicó que las reiteradas presentaciones de las familias y la falta de una solución administrativa fueron determinantes para obtener una sentencia favorable. Además, destacó los fundamentos del fallo vinculados con los derechos de los niños y la participación familiar en las decisiones educativas.

 

Luego de conocerse la resolución judicial que ordena garantizar el carácter optativo de la jornada extendida NINA y del comedor escolar en la Escuela Primaria N.º 102 “17 de Agosto” de Aranguren, el abogado patrocinante de las familias, Dr. Nichajew Valodia, brindó precisiones sobre los argumentos que permitieron obtener una sentencia favorable.

 

En diálogo con Informe Popular, por Radio Popular Aranguren 96.5 FM Municipal, el profesional de Concepción del Uruguay reconstruyó el camino recorrido desde 2025 y cuestionó la prolongada falta de respuestas del Consejo General de Educación (CGE).

 

La falta de respuestas del CGE, uno de los puntos centrales

 

Valodia explicó que, durante más de un año, las madres y los padres realizaron numerosas presentaciones ante las autoridades educativas, que dieron origen a aproximadamente seis o siete expedientes administrativos.

 

Ante la ausencia de una solución, el abogado presentó una intimación formal otorgando al CGE un plazo de 15 días para que respondiera los planteos pendientes. Ese período transcurrió sin obtener la respuesta solicitada y las familias decidieron recurrir a la Justicia.

 

El profesional explicó que, al responder la demanda, el CGE argumentó que los expedientes continuaban abiertos y que no había rechazado expresamente los reclamos, por lo que solicitó que se desestimara el amparo.

 

Sin embargo, según detalló Valodia, el juez Pablo Andino rechazó ese argumento al considerar las reiteradas gestiones realizadas desde 2025 y la ausencia de una solución efectiva.

 

“No se entiende por qué en más de un año no hubo alguna respuesta”, cuestionó el abogado.

 

En ese sentido, señaló que la documentación presentada por las familias resultó fundamental para acreditar el tiempo transcurrido y demostrar que los reclamos no habían encontrado una respuesta administrativa satisfactoria.

 

“Sin los reclamos de las familias, esta sentencia no salía”

 

Durante la entrevista, Valodia destacó especialmente el compromiso de las madres y los padres que sostuvieron las gestiones durante más de un año.

“Si no hubiera sido por los reclamos de las familias, esta sentencia no salía”, afirmó.

 

El abogado remarcó que las notas presentadas, las constancias de recepción y los expedientes administrativos constituyeron elementos probatorios de gran importancia para el proceso judicial.

 

“Yo simplemente fui el abogado del caso, pero esto lo iniciaron y es fundamental el trabajo que hicieron todo ese grupo de madres y padres”, expresó.

 

Para el profesional, la perseverancia de las familias fue decisiva, ya que permitió demostrar que el conflicto había sido planteado reiteradamente ante las autoridades correspondientes antes de llegar a la instancia judicial.

 

Los derechos de los niños y la participación de las familias

 

Valodia también destacó la fundamentación jurídica de la sentencia, que consideró especialmente valiosa por su referencia a los derechos de los niños reconocidos en tratados internacionales con jerarquía constitucional.

 

Entre ellos mencionó el derecho al descanso, al juego, a compartir tiempo con sus familias y a disponer de espacios para la práctica deportiva, la participación en talleres culturales y otras actividades recreativas, así como el derecho a ser escuchados en las decisiones relacionadas con su educación.

 

El abogado explicó que el fallo distingue entre la jornada curricular obligatoria y las actividades complementarias correspondientes a la extensión NINA.

El planteo de las familias nunca buscó eliminar los talleres ni el comedor escolar, sino garantizar que su utilización fuera optativa.

 

La sentencia establece que ambas propuestas deberán continuar disponibles desde el ciclo lectivo 2027, permitiendo que cada familia elija la modalidad para sus hijos.

 

La resolución comprende a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Primaria N.º 102 “17 de Agosto”, la única escuela primaria de Aranguren, incluidos quienes ingresen a esos grados en el futuro.

 

Su alcance es específico para esta institución, aunque sus fundamentos pueden resultar de interés para otras comunidades educativas entrerrianas.

 

“Tenemos los mismos derechos, vivamos donde vivamos”

 

Hacia el final de la entrevista, Valodia reflexionó sobre las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos para obtener respuestas a sus reclamos.

 

“Evidentemente, en algunos casos, a los reclamos de los vecinos y de las vecinas no les dan cabida”, manifestó, aunque aclaró que desconocía cómo se habían tomado internamente las decisiones del organismo educativo.

 

También destacó que vivir en una localidad pequeña no implica tener menos derechos que quienes residen en las principales ciudades de la provincia.

“Los ciudadanos de Entre Ríos tenemos los mismos derechos, vivamos donde vivamos”, sostuvo.

 

La resolución judicial, dictada el 19 de noviembre, corresponde a una primera instancia y está sujeta a las vías de revisión previstas legalmente. Su implementación fue establecida para el comienzo del ciclo lectivo 2027.

 

Las declaraciones del abogado aportan nuevos elementos para comprender el conflicto: la importancia de las pruebas documentales, la prolongada falta de una solución administrativa y los derechos de los niños y sus familias que fueron considerados en la sentencia.

 

El caso, surgido en una pequeña comunidad entrerriana, plantea cuestiones de interés para el sistema educativo provincial, especialmente en relación con la participación de las familias y el deber de los organismos públicos de brindar respuestas oportunas.

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