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Familiares y amigos de Gabriel Gusmán, el joven que fue asesinado de un disparo en la nuca cuando era perseguido por dos efectivos de la Policía de Entre Ríos durante un procedimiento en el barrio Capibá, se manifestaron este miércoles frente a los Tribunales de Paraná para reclamar justicia.

A un año del crimen del joven, sostienen que “los policías siguen trabajando en el 911, en la patrulla 1021, y todavía no han sido indagados”.
No tienen “ninguna noticia”
Alejandra, la madre de Gusmán, explicó: “Concentramos frente a Tribunales de Paraná para mostrar la forma en la que murió Gabriel. Pedimos Justicia y que nuestros gritos se escuchen para que lleguen a oídos de quienes tengan el caso como el Procurador Amilcar García”.

En la oportunidad, comentó que presentó un escrito solicitando una audiencia con el Procurador General, para ser recibida junto a sus abogados. “Que él nos dé una explicación porque a un año de la partida de Gabriel no tenemos ninguna noticia”, argumentó.

“Gabriel nunca tuvo un enfrentamiento con la Policía. A Gabriel lo mató la Policía por la espalda. La Policía lo interceptó, le dio la voz de alto, no lo requisó y le dieron un tiro en la nuca que le dio muerte trágicamente. Los vecinos pidieron la ambulancia mientras Gabriel agonizó durante 10 minutos”, rememoró la mujer en relación a cómo acontecieron los hechos.

Una de las abogadas querellante, Lucía Tejeira, denunció: “Falta iniciar la causa, que se les impute el hecho a los policías que están señalados como los responsables del hecho admitido por ellos mismos. Pero la Fiscalía, a un año del hecho, no realizó el primer acto procesal que se realiza ante cualquier circunstancia similar”.

“El comportamiento del Poder Judicial, la Fiscalía en particular, es la de avalar explícitamente el comportamiento de la Policía, siendo que del legajo de prueba surge que Gabriel estaba detenido, con las manos levantadas”, aclaró la abogada.

“El procedimiento legal indica que si estaba en una situación sospechosa, debería haber sido la detención. Pero cayó muerto por un tiro en la nuca de una bala policial”, sentenció Tejeira.

Por su parte, el conocido defensor de los Derechos Humanos, José Iparraguirre, sostuvo: "Hay un sumario administrativo iniciado y entendemos que como mínimo esto acarreaba la suspensión de sus actividades y el retiro del arma de fuego para ambos funcionarios policiales".

Y continuó: “Si el Ministerio Público entiende que no hay hecho delictivo, o que actuaron en el marco de la legitima defensa o en el ejercicio de su cargo, debería resolver, al menos, el archivo de las actuaciones lo que no nos permitiría apelar la medida ante el juez de Garantías; o bien, para el día de mañana poder llegar a juicio oral para que la defensa explicite por qué entiende que hay causas de justificación o antijuridicidad, y que la querella pueda plantear que estamos ante un caso de gatillo fácil: que se trató de la ejecución de una persona que estaba detenida de espaldas y con las manos en alto, es decir, sin ningún tipo de agresión hacia los funcionarios”.

Finalmente, Iparraguirre adelantó que a los efectivos de la Policía de Entre Ríos, Rodrigo Molina y Diego Íbalo, “podría caberles la pena perpetua”. Y en ese sentido, diferenció: “Esta es una causa estrictamente política porque siempre nos costó a los organismos de Derechos Humanos, a nivel nacional, poder avanzar en este tipo de casos”.
Fuente: El Once

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