Según la imputación fiscal, la organización criminal descubierta en septiembre de 2018 «se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado», y que en el período 2008 a 2018 produjo un perjuicio $ 4.961.988.609. Actualmente la causa, con pedido de elevación a juicio formulado en junio, está en stand by puesto que resta que se defina si el expediente debe pasar a la Justicia Federal o tramitarse en la Justicia provincial.
Carlos Guillermo Reggiardo es el actual abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (quien junto a su mujer concejal, Patricia Díaz, dispone cuentas en el exterior, por lo cual tiene una nueva causa por enriquecimiento ilícito) y a la vez asesor legal de la mencionada localidad. Reggiardo también asesora en la Cámara de Senadores; fue abogado del exdiputado provincial de Cambiemos, Ricardo Troncoso -imputado por quedarse con dinero de los sueldos de sus empleados legislativos- y también defensor del precandidato a legislador del Pro, Hernán Blázquez, con quien comanda un blog desde donde se hacen las más variadas descalificaciones y operaciones periodísticas, por lo cual el medio tuvo sanciones judiciales y su editor está imputado en otra causa que tramita en Nogoyá, según consignó Análisis Digital.
Reggiardo realizó la presentación contra la fiscal este martes al mediodía ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, organismo encargado de analizar el desempeño de funcionarios judiciales.
Además de su remoción, el letrado solicitó que Goyeneche sea suspendida mientras se tramita la causa por presunta falta de idoneidad moral, mal desempeño de sus funciones, e incumplimiento de los deberes a su cargo.
El abogado oriundo de Victoria enumeró una serie de hechos, que respaldó con publicaciones periodísticas. En primer lugar, calificó de grave la actuación de la fiscal en una causa en la que se descubrió que tenía una relación comercial con Pedro Opromolla, uno de los imputados e integrante del estudio contable Integral Asesoría.
“La Procuradora Adjunta, designada por Jorge Amílcar Luciano García como fiscal anticorrupción ad dedem (sic) es casada con el contador Orlando Bertozzi, quien es a su vez socio de Pedro Opromolla en un estudio contable investigado en la causa de corrupción más escandalosa de la historia contemporánea entrerriana”, señaló Reggiardo.
Enseguida, manifestó que “independientemente de valoraciones que no son objeto de la presente denuncia es cuestionable cómo Goyeneche fue designada por Jorge García de manera irregular ya que la constitución exige la intervención del Consejo de la Magistratura, pero de manera sorpresiva el 18/08/2018 trasciende la resolución 80/2018 de fecha 15 de agosto en la que Jorge Amílcar Luciano García de manera autoritaria y el único requisito que le exige la constitución, haciendo una libre interpretación de la Ley de Ministerio Público, por encima de la manda constitucional y en franca colisión con la letra de la Constitución”.
Luego agregó que “la señora Goyeneche, según muchos medios, y según propios defensores, tuvo un accionar cuestionable en su ‘bautismo’ en el cargo”.
En cuanto a la causa contratos, Reggiardo sostuvo que “nunca quedó claro quién pedía las contrataciones, ni quién las concedía” y afirmó que “de la misma investigación surge que los investigados no son poderosos políticos, y no tienen una vida compatible con miembros de una organización que ideó y ejecutó el saqueo más importante de la historia entrerriana”.
Más adelante, al fundamentar el presunto mal desempeño de la fiscal en la causa, recordó que el miércoles 5 y viernes 7 de diciembre de 2018, el periodista Néstor Bellini de El Diario de Paraná, reveló la vinculación entre la fiscal anticorrupción y uno de los imputados, el contador Opromolla. Luego, los abogados defensores pidieron el apartamiento de la fiscal en función de ese vínculo.
La fiscal se terminaría apartando de la causa en mayo de 2019. Al dar a conocer su decisión al Jefe de Fiscales, explicó que “luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del contador público Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018”.
“No se relaciona, sin embargo, mi pedido, con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure (…) quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo –y, consecuentemente, conmigo– para, sin ningún interés que los ampare, recusarme en la causa utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”, aseguró Goyeneche en una nota elevada al Procurador.
Entre otras causales de destitución, el abogado Reggiardo mencionó la denuncia pública realizada por el abogado Leopoldo Cappa, defensor de Roberto Faure, quien afirmó que la Fiscalía “filtró a la revista Análisis más de 200 horas de testimoniales” y que “uno de los testigos, quien nombró al marido de Goyeneche, fue allanado al otro día, ¿Para qué?, ¿Era más importante ese celular que el de Opromolla o querían asegurarse que no tuviera vínculos que lo perjudiquen al marido de Goyeneche? Los hechos denunciados son de extrema gravedad”.
Pedido de destitución
Tras exponer sus diferentes argumentos contra Goyeneche, Reggiardo planteó que “este tribunal debe superar una laguna legislativa ya que no prevé quién debe ser titular de la acusación en este caso donde las cabezas del Ministerio Público Fiscal son juzgadas, todos son dependientes con la verticalidad del cuerpo, por lo que deben integrarla con un fiscal Ad Hoc por no existir miembros del Ministerio Público Fiscal sin el requisito de objetividad, libertad, etc. De hecho han sido parte del observatorio promovido por Goyeneche a raíz justamente de estas escandalosas revelaciones”.
“Este Honorable Jurado de Enjuiciamiento debe sancionar a esta funcionaria público judicial que ha sido perjudicial para la Justicia Entrerriana, que ha alejado a la ciudadanía de la Justicia, y se ha manejado de una forma totalitaria, aprovechando su rol e influencia en la Asociación de Magistrados y Consejos de Fiscales para mantenerse en una causa donde debió apartarse apenas conocida la situación del amigo de su marido y socio”, añadió.
Asimismo, expresó que el organismo “debe asegurar una respuesta a los entrerrianos, ya que desaparecieron $1.100.000.000 de escuelas, rutas y hospitales, y la causa que comandó Goyeneche naufragara en aguas de extraña jurisdicción mientras ella garantizó impunidad. Es tan impactante que la fiscal Anticorrupción designada de manera irregular tiene su bautismo de fuego en la causa más importante de corrupción y tiene un socio involucrado, un departamento embargado, un marido que no se investigó, y muchas irregularidades”.
Finalmente, propuso que en caso de abrirse causa contra la fiscal se convoque como testigos a los periodistas Néstor Bellini, Federico Malvasio y Daniel Enz; a los abogados Leopoldo Cappa y Miltón Urrutia; al Jefe de Fiscales, Jorge Amílcar García, a los fiscales a cargo de la investigación Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, a las juezas Marina Barbagelatta y Carolina Castagno, y a los abogados defensores de la causa.
