El ex diputado provincial y titular de UPCN le respondió al magistrado y manifestó su conformidad con todos los términos del acuerdo, tal como lo prevé la normativa para estos casos: “Yo reconozco ser el autor de los hechos que se me imputaron”. Cabe recordar que las coacciones reconocidas por Allende fueron contra el periodista Martín Carboni, mientras que las amenazas en el marco de violencia de género fueron realizadas contra la propia ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez.
Al acuerdo llegaron los abogados defensores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini con la Fiscalía, representada por Laura Cattaneo, Leandro Dato y Álvaro Piérola. También estuvieron presentes los abogados en representación de las víctimas, como el propio fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; María Fernánda Vázquez Pinasco por Velázquez y Rubén Pagliotto patrocinando a Carboni.
La fiscal Cattaneo fue la encargada de demostrar cómo Allende se enriqueció a través de interpósitas personas y benefició mediante 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a una fundación dirigida por él y sus familiares. En total, según las pericias contables, se enriqueció en $4.983.146,14, lo que equivale a un valor en dólares de 1.069.841,19. El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez que una condena sea de 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de $3.000.000 equivalente al 60% del valor enriquecido demostrado en pesos y un decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1.105.211 dólares.
Además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, Allende deberá fijar un domicilio y tiene en sus espaldas la prohibición de realizar cualquier tipo de acto violento o molesto a las víctimas, la obligación de realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y libertad de expresión dispuesta por la Oficina de Medios Alternativos y la prohibición de cualquier acto violento que significase un delito.
