Los avances en el proyecto del puente, dados a publicidad en medios masivos de comunicación, con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)-, junto a la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa, son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al Defensor del Pueblo de la Nación.
En el texto, la ONG subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.
En ese sentido, advierten que “no se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe y/o barrios del distrito de la costa santafesina”.
Si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, “parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones”.
La ONG remarcó en su presentación que “a todas luces es claro que el Estado Nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa”.
También respecto a la traza identificada, CAUCE planteó que “no resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectoria del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente”.
Es en ese marco que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio.
“Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes”, indican.
Tras manifestar una “profunda preocupación” compartida por más de 30 organizaciones respecto a lo que consideran “un reiterado ejercicio de la desinformación pública”, la fundación eleva la queja al Defensor del Pueblo y solicita su intervención frente a “actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes”.
El pedido de información
En ese contexto, solicitan que el Defensor del Pueblo “se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos”. Así como también se reclaman que se den a conocer “resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como fundamentos y razones técnicas de la traza elegida”.Además, se solicita que los organismos de política ambientales tomen directa intervención y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y al Congreso de la Nación.
