En realidad, Cañete representa a una coalición entre empleados judiciales y los de la Legislatura, agrupados en la Asociación del Personal de la Legislatura de Entre Ríos (Apler), un estamento que retiene la presidencia de Iosper desde la época de Silvio Moreyra, que dirgió los destinos de la obra social entre 2006 y 2014. El actual presidente de la obra social provincial ya consiguió el aval de los trabajadores de la obra social, que presentaron una nota con cientos de firmas en la que piden su continuidad como presidente. También, un plenario de la AJER de finales de 2021 le dio el respaldo gremial para su continuidad.
Cañete encabeza una gestión que se ufana de la buena administración de una obra social con 300 mil afiliados y un presupuesto de $5.500 millones, que destina solo el 9% del gasto total en personal, y el 2,5% en gastos operativos; el resto, va destinado a cubrir prestaciones médicas a sus afiliados, que se realiza a través de su red de 87 delegaciones. En estos primeros meses del año, el presidente del Iosper define la proyección económica financiera para todo el año aun cuando no esté seguro si seguirá al frente del organismo más allá de julio, cuando se especula que podrían ser las elecciones para elegir nuevas autoridades.
En las últimas elecciones, en 2018, de los siete directores que tuvieron gestión entre 2014 y 2018, cinco lograron la reelección: Fernando Cañete (que representa a los empleados judiciales/legislativos), Fabián Monzón (sector de empleados activos del Poder Ejecutivo, de UPCN), Ricardo Bertonchini (representa a los jubilados), Fermán Beltzer (activos y retirados de la Policía) y Adrián Gómez (de los municipales). Y se incorporan dos caras nuevas: Nancy Asselborn (representa a los empleados de Iosper) y Adriana Hepp (por los docentes).
De momento, quien ya manifestó su intención de asegurar su continuidad en el directorio es Adrián Gómez. “La idea es seguir”, respondió el dirigente, pero enseguida aclaró que el tema se lo debe tratar en un congreso de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram),
El Iosper surgió en 1973 cuando se sancionó la Ley Nº 5.326. Durante más de dos décadas la administración de la obra social dependió del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.
En 1995, con la gestión del entonces gobernador justicialista Mario Armando Moine al frente de la Provincia se produjo el primer intento de cambio en la conducción de la obra social. A través del decreto Nº 3.870, propuso transferir la administración a sus beneficiarios. Así, se dispuso modificar la designación del presidente y la integración del directorio, y se propuso incluir representantes de los beneficiarios en la conducción. Pero la idea no se llegó a plasmar en la realidad.
Dos años después, el exgobernador Jorge Pedro Busti, por decreto Nº 3117 del 22 de setiembre de 1997, impuso un nuevo reglamento de elecciones “a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del Iosper a sus beneficiaros”.
El 8 de mayo de 1998, la administración del Iosper fue delegada a los trabajadores. Desde entonces la gestión está a cargo de un directorio compuesto por siete miembros representativos de los trabajadores estatales -activos y pasivos- elegidos por voto directo de los beneficiarios.
Desde que empezó a ser administrada por representantes de los propios afiliados, el Iosper tropezó en más de una oportunidad en su administración, y eso derivó en la intervención del Ejecutivo. La última intervención fue dispuesta por el exgobernador Busti, en 2005, cuando nombró interventor a Miguel Sampietro, a quien luego sucedió Ricardo Rizzo. Pero en 2006 ya empezó a ser administrada de nuevo por los representantes de los estatales.
